Tema 27. Derechos Humanos y prevención de la tortura

Los derechos humanos son las facultades que corresponden a toda persona por el hecho de serlo, con independencia de su nacionalidad o condición. En este tema conviven dos sistemas: el universal de Naciones Unidas (Declaración Universal, Convención contra la Tortura y su Protocolo facultativo) y el regional europeo del Consejo de Europa (Convenio Europeo de Derechos Humanos y su Tribunal).

Ojo a la naturaleza jurídica: la Declaración Universal es una resolución de la Asamblea General (no se ratifica); el CEDH, la Convención y el Protocolo son tratados que obligan a los Estados que los ratifican y prevén órganos de control.

La pieza nacional es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cuyas funciones ejerce en España el Defensor del Pueblo (disposición final única de la LO 3/1981).

Proclamada por la Asamblea General de la ONU en París, el 10 de diciembre de 1948 (Resolución 217 A (III)), como «ideal común» de todos los pueblos. Tiene un preámbulo y 30 artículos.

Arts. 1-2: igualdad en dignidad y derechos y no discriminación. Art. 3: vida, libertad y seguridad. Art. 4: esclavitud y servidumbre. Art. 5: tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Art. 9: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Garantías: recurso efectivo ante los tribunales nacionales (art. 8), audiencia pública por tribunal independiente e imparcial (art. 10), presunción de inocencia en juicio público e irretroactividad penal (art. 11). Vida privada, familia, domicilio, correspondencia, honra y reputación (art. 12).

Libertades: circulación y residencia, salir de cualquier país (incluido el propio) y regresar al propio (art. 13); asilo, que no ampara frente a delitos comunes (art. 14); nacionalidad (art. 15); matrimonio y familia, «elemento natural y fundamental de la sociedad» (art. 16); propiedad (17); pensamiento, conciencia y religión, incluido el cambio de religión (18); opinión y expresión (19); reunión y asociación, sin obligación de pertenecer a ninguna (20); participación política por sufragio universal e igual y voto secreto (21).

Derechos económicos, sociales y culturales (arts. 22-27): seguridad social, trabajo y sindicación, descanso y vacaciones periódicas pagadas, nivel de vida adecuado, educación (la elemental es obligatoria; los padres eligen con preferencia el tipo de educación) y vida cultural.

Cierre (arts. 28-30): orden social e internacional, deberes hacia la comunidad, límites solo establecidos por la ley para fines tasados, y prohibición de interpretar la Declaración como cobertura para destruir sus propios derechos.

El Convenio se firmó en Roma el 4 de noviembre de 1950 por los miembros del Consejo de Europa. Los Estados reconocen los derechos a toda persona dependiente de su jurisdicción (art. 1), sea o no nacional.

Vida (art. 2): la muerte no infringe el Convenio si resulta de una fuerza absolutamente necesaria para: defender a una persona de una agresión ilegítima, detener legalmente o impedir la evasión de un detenido, o reprimir una revuelta o insurrección.

Art. 3: tortura y penas o tratos inhumanos o degradantes (sin la palabra «crueles»). Art. 4: esclavitud, servidumbre y trabajo forzado, con excepciones (trabajo penitenciario, servicio militar o sustitutorio, emergencias, obligaciones cívicas).

Art. 5 (libertad y seguridad): lista cerrada de privaciones de libertad lícitas; información en el más breve plazo y en lengua que comprenda; conducción sin dilación ante el juez; recurso para que un órgano judicial decida en breve plazo sobre la legalidad (habeas corpus); derecho a reparación.

Art. 6 (proceso equitativo): plazo razonable, publicidad con excepciones, presunción de inocencia y derechos mínimos del acusado (información detallada, tiempo para la defensa, abogado de oficio si lo exigen los intereses de la justicia, testigos, intérprete gratuito). Art. 7: no hay pena sin ley, salvo delitos según los principios generales reconocidos por las naciones civilizadas.

Arts. 8-11: vida privada y familiar, pensamiento y religión, expresión (cabe autorización previa para radio, cine y televisión), reunión y asociación (cabe restringirlas a Fuerzas Armadas, Policía y Administración del Estado). Art. 12 matrimonio según leyes nacionales; art. 13 recurso efectivo; art. 14 no discriminación.

Art. 15: en caso de guerra o peligro público cabe derogar obligaciones en la medida estricta, nunca el art. 2 (salvo actos lícitos de guerra), el 3, el 4.1 ni el 7; hay que informar al Secretario General del Consejo de Europa. Arts. 16-18: actividad política de extranjeros, abuso de derecho y desviación de finalidad.

Instituido por el art. 19 CEDH, funciona de manera permanente y tiene su sede en Estrasburgo. Tiene tantos jueces como Altas Partes Contratantes (art. 20), que actúan a título individual.

Jueces: alta consideración moral; candidatos menores de 65 años cuando la Asamblea Parlamentaria recibe la terna; elegidos por la Asamblea Parlamentaria por mayoría absoluta; mandato de 9 años no renovable; solo pueden ser relevados por los dos tercios de los demás jueces.

El Pleno elige por 3 años (reelegibles) al Presidente y a uno o dos Vicepresidentes, constituye las Salas, elige a sus Presidentes, aprueba el reglamento y elige al secretario.

Formaciones (art. 26): juez único, Comités de 3, Salas de 7 y Gran Sala de 17. El Comité de Ministros, por unanimidad y a petición del Pleno, puede reducir las Salas a 5. El juez único nunca examina demandas contra el Estado por el que fue elegido.

Los gastos los paga el Consejo de Europa (art. 50) y los jueces gozan de los privilegios del Estatuto del Consejo de Europa (art. 51).

Vías de acceso: asuntos entre Estados (art. 33) y demandas individuales de personas físicas, ONG o grupos de particulares que se consideren víctimas (art. 34). Además, opiniones consultivas a solicitud del Comité de Ministros (art. 47), que no pueden versar sobre el contenido de los derechos.

Admisibilidad (art. 35): agotar los recursos internos y presentar la demanda en 4 meses desde la resolución interna definitiva. Inadmisión de demandas anónimas, repetidas sin hechos nuevos, incompatibles, manifiestamente mal fundadas, abusivas o sin perjuicio importante (salvo que el respeto de los derechos exija examinar el fondo).

Reparto: el juez único inadmite o archiva (resolución definitiva); el Comité, por unanimidad, inadmite o resuelve el fondo si hay jurisprudencia bien establecida; la Sala decide admisibilidad y fondo y puede inhibirse en favor de la Gran Sala si hay una cuestión grave.

Trámite: intervención de terceros (Estado del demandante; Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa), cancelación, examen con las partes, transacción confidencial, vista pública salvo circunstancias excepcionales y satisfacción equitativa cuando el Derecho interno no repara del todo (art. 41).

Sentencias: la de Gran Sala es definitiva; la de Sala lo es si las partes renuncian a la remisión, si pasan 3 meses sin pedirla o si el colegio de 5 jueces la rechaza. Son motivadas y admiten opiniones separadas. Su ejecución la vigila el Comité de Ministros, que puede volver al Tribunal por mayoría de dos tercios (art. 46).

El Secretario General del Consejo de Europa puede pedir explicaciones sobre la aplicación interna (art. 52). El Convenio no limita derechos más amplios reconocidos por las leyes nacionales u otros convenios (art. 53).

Aplicación territorial: se extiende a territorios dependientes por notificación, con efectos al trigésimo día (art. 56). Reservas: solo a disposiciones concretas por existir una ley en vigor contraria; no las de carácter general (art. 57).

Denuncia (art. 58): solo tras 5 años desde la entrada en vigor para el Estado y con preaviso de 6 meses; quien deja de ser miembro del Consejo de Europa deja de ser parte.

Entrada en vigor: tras 10 ratificaciones (art. 59). La Unión Europea podrá adherirse al Convenio.

Hecha en Nueva York el 10 de diciembre de 1984; España la firmó en 1985 y entró en vigor para España el 20 de noviembre de 1987.

Definición (art. 1): todo acto por el que se inflijan intencionadamente dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con un fin (obtener información o confesión, castigar, intimidar o coaccionar, o por discriminación), cuando los cause o consienta un funcionario público u otra persona que ejerza funciones públicas. Quedan fuera los sufrimientos derivados únicamente de sanciones legítimas.

Prohibición absoluta (art. 2): ni la guerra, ni su amenaza, ni la inestabilidad interna ni ninguna emergencia la justifican; tampoco la orden de un superior. No devolución (art. 3) cuando haya razones fundadas de peligro de tortura.

Persecución penal: tipificar la tortura, la tentativa, la complicidad y la participación (art. 4); jurisdicción por territorio, buque o aeronave, nacionalidad del autor y, si el Estado lo considera apropiado, de la víctima (art. 5); detención y comunicación consular (art. 6); extraditar o juzgar (art. 7); la Convención como base para extraditar (art. 8) y auxilio judicial (art. 9).

Prevención y protección: formación de policías, personal médico y funcionarios (art. 10); revisión sistemática de las prácticas de interrogatorio y custodia (art. 11); investigación pronta e imparcial de oficio (art. 12); derecho de queja con protección del denunciante y testigos (art. 13); reparación e indemnización, también a las personas a cargo si la víctima muere (art. 14); exclusión de la prueba obtenida bajo tortura (art. 15); aplicación de los arts. 10 a 13 a los tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 16).

Composición: 10 expertos de gran integridad moral y competencia en derechos humanos, a título personal, con distribución geográfica equitativa (art. 17). Cada Estado propone un nacional.

Elección en reuniones bienales convocadas por el Secretario General de la ONU, con quórum de dos tercios de los Estados; mandato de 4 años, reelegibles. La Mesa dura 2 años; el quórum del Comité es de 6 miembros y decide por mayoría de presentes (art. 18).

Informes (art. 19): inicial en el año siguiente a la entrada en vigor y suplementarios cada 4 años. Investigación confidencial si hay información fiable de tortura sistemática, con visita solo de acuerdo con el Estado (art. 20).

Comunicaciones: entre Estados (art. 21: 3 meses para explicar, 6 meses para acudir al Comité, informe en 12 meses) e individuales (art. 22: inadmisibles las anónimas o abusivas; el Estado responde en 6 meses). Ambas exigen declaración expresa del Estado y entraron en vigor con 5 declaraciones. Sesiones a puerta cerrada.

El Comité presenta un informe anual a los Estados Partes y a la Asamblea General (art. 24).

Abierta a la firma y adhesión de todos los Estados (arts. 25-26). Entra en vigor el trigésimo día tras el depósito del vigésimo instrumento (art. 27); de forma general entró en vigor el 26 de junio de 1987.

Reserva posible sobre la competencia de investigación del art. 20 (art. 28). Enmiendas: conferencia si lo pide un tercio en cuatro meses; vigor con la aceptación de dos tercios (art. 29).

Controversias: negociación, arbitraje y, si en 6 meses no hay acuerdo sobre él, Corte Internacional de Justicia (art. 30), con posibilidad de reserva. Denuncia con efecto a 1 año (art. 31). Textos auténticos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso (art. 33).

Hecho en Nueva York el 18 de diciembre de 2002; en vigor de forma general y para España el 22 de junio de 2006. Su objetivo es preventivo: un sistema de visitas periódicas de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares de privación de libertad (art. 1).

Crea el Subcomité para la Prevención del Comité contra la Tortura, guiado por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad (art. 2). «Lugar de detención» abarca cualquier lugar bajo jurisdicción del Estado, incluso instituciones privadas de las que no se pueda salir libremente (art. 4).

Composición: 10 miembros, que pasan a 25 tras la quincuagésima ratificación; nunca dos de la misma nacionalidad (art. 5). Cada Estado propone hasta dos candidatos, uno al menos de su nacionalidad (art. 6). Elección en reuniones bienales con quórum de dos tercios (art. 7). Mandato de 4 años reelegibles una vez (art. 9). Mesa de 2 años, quórum de mitad más uno, sesiones privadas y sesiones simultáneas con el Comité al menos una vez al año (art. 10).

Mandato (art. 11): visitar y recomendar; asesorar y formar a los mecanismos nacionales; cooperar con otros órganos. Visitas: programa establecido primero por sorteo; al menos 2 miembros; expertos de una lista a la que cada Estado aporta como máximo 5 (art. 13).

Acceso sin restricciones a información, lugares y personas (art. 14). Solo cabe objetar temporalmente una visita por razones urgentes de defensa nacional, seguridad pública, catástrofes naturales o disturbios graves; el estado de excepción por sí solo no vale. Protección de los informantes (art. 15). Recomendaciones confidenciales; informe anual público al Comité contra la Tortura; si el Estado no coopera, el Comité puede hacer una declaración pública (art. 16).

Cada Estado debe mantener, designar o crear uno o varios mecanismos nacionales independientes a más tardar un año después de la entrada en vigor o de su ratificación (arts. 3 y 17). Pueden serlo también los de entidades descentralizadas.

Garantías (art. 18): independencia funcional del mecanismo y de su personal, expertos capacitados, equilibrio de género y representación de minorías, y recursos suficientes.

Facultades mínimas (art. 19): examinar periódicamente el trato de las personas privadas de libertad, recomendar a las autoridades y proponer u observar sobre la legislación.

Medios (art. 20): acceso a la información sobre número de detenidos, lugares y condiciones; acceso a todos los lugares; entrevistas sin testigos; libertad para elegir lugares y personas; contacto con el Subcomité.

Nadie puede ser sancionado por comunicar información al mecanismo, sea verdadera o falsa; los datos personales no se publican sin consentimiento expreso (art. 21). Las autoridades examinan las recomendaciones y dialogan (art. 22) y el Estado publica los informes anuales del mecanismo (art. 23).

Aplazamiento de las obligaciones de las partes III o IV durante 3 años, prorrogables por el Comité contra la Tortura 2 más (art. 24).

Financiación: los gastos del Subcomité los paga la ONU (art. 25) y un Fondo Especial de contribuciones voluntarias apoya la aplicación de recomendaciones y la educación de los mecanismos nacionales (art. 26).

Entrada en vigor: trigésimo día tras el vigésimo instrumento (art. 28). Aplicación íntegra a los Estados federales (art. 29). No se admiten reservas (art. 30). Compatibilidad con sistemas regionales de visitas y con las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja (arts. 31-32).

Denuncia con efecto a 1 año (art. 33); enmiendas con aceptación de dos tercios (art. 34); privilegios e inmunidades de los miembros del Subcomité y de los mecanismos (art. 35); deberes durante las visitas (art. 36).

La disposición final única de la LO 3/1981 atribuye al Defensor del Pueblo las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, conforme a la Constitución, la propia Ley y el Protocolo facultativo.

Crea un Consejo Asesor, órgano de cooperación técnica y jurídica, presidido por el Adjunto en quien el Defensor delegue estas funciones; su estructura y funcionamiento los fija el Reglamento.

Según el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo: los Vocales se designan por 4 años y se renuevan por mitades cada 2; las candidaturas se presentan en 15 días naturales desde la convocatoria pública; los designa y cesa el Defensor del Pueblo; no cobran retribución (solo indemnizaciones por razón del servicio). El secretario es el Secretario General de la Institución.

El Consejo Asesor se reúne al menos dos veces al año y sus funciones son: proponer visitas y mejoras de los protocolos de visita, informar sobre normativa a petición del Defensor, proponer formación en prevención de la tortura y seguir los informes del Mecanismo y del Subcomité.

El Defensor del Pueblo da cuenta anualmente a las Cortes Generales de su gestión (art. 32 LO 3/1981).