Tema 25. Marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se estructura en 7 capítulos: I objeto, ámbito y definiciones; II política preventiva; III derechos y obligaciones; IV servicios de prevención; V consulta y participación; VI obligaciones de fabricantes, importadores y suministradores; VII responsabilidades y sanciones. Entró en vigor tres meses después de su publicación en el BOE.

Ámbito (art. 3.1): relaciones laborales del Estatuto de los Trabajadores, relaciones administrativas o estatutarias del personal de las AAPP y socios trabajadores de cooperativas.

Exclusiones (art. 3.2): no se aplica en las actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de policía, seguridad y resguardo aduanero; servicios operativos de protección civil y peritaje forense en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública; y Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. No obstante, la Ley inspirará la normativa específica de esas actividades. Centros militares y establecimientos penitenciarios: aplicación con particularidades o adaptación.

Carácter: es legislación laboral (art. 149.1.7.ª CE) y, para el personal administrativo o estatutario, buena parte de sus artículos son normas básicas del art. 149.1.18.ª CE (DA 3.ª). Sus normas laborales son Derecho necesario mínimo indisponible.

El Gobierno, previa consulta a sindicatos y empresarios más representativos, regula por reglamento (art. 6) los requisitos mínimos de las condiciones de trabajo, la evaluación de riesgos, las modalidades de los servicios de prevención (de ahí el RD 39/1997) o el procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) (art. 8): órgano científico técnico especializado de la AGE; analiza y estudia las condiciones de seguridad y salud; asesora en normativa; apoya a la Inspección en el ámbito de las AAPP; es centro de referencia nacional ante la UE y la Agencia Europea; ejerce la Secretaría General de la CNSST.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social (art. 9): vigilancia y control de la normativa; propone sanciones; asesora; informa a los Juzgados de lo Social y a la autoridad laboral sobre accidentes mortales, muy graves o graves; puede ordenar la paralización inmediata de trabajos con riesgo grave e inminente.

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) (art. 13): órgano colegiado asesor de las AAPP y de participación institucional. Composición: un representante por cada Comunidad Autónoma, igual número de la AGE y, paritariamente, representantes de organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Voto: 1 cada representante de las AAPP y 2 los de las organizaciones. Presidente: Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales; 4 Vicepresidentes; Secretaría: Dirección del INSHT. Funciona en Pleno, Comisión Permanente o Grupos de Trabajo.

La participación de empresarios y trabajadores a través de sus organizaciones más representativas es principio básico de la política preventiva (art. 12).

Información (art. 18.1): sobre los riesgos (de la empresa y de cada puesto), las medidas de protección y prevención y las medidas de emergencia. Si hay representantes, se informa a través de ellos, pero los riesgos específicos del puesto se comunican directamente a cada trabajador.

Consulta y participación (art. 18.2): el empresario consulta y permite participar en todas las cuestiones de seguridad y salud; los trabajadores pueden hacer propuestas.

Formación (art. 19): teórica y práctica, suficiente y adecuada, al contratar (cualquiera que sea la modalidad o duración), al cambiar de funciones o introducir nuevas tecnologías o equipos; centrada en el puesto; dentro de la jornada o descontando el tiempo; coste nunca a cargo del trabajador.

Emergencias (art. 20): analizar posibles situaciones y adoptar medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, designando personal formado, suficiente y con material adecuado.

Coordinación (art. 24): varias empresas en un mismo centro deben cooperar; el titular del centro informa e instruye a las demás; la empresa principal que contrata o subcontrata obras o servicios de su propia actividad en sus centros vigila el cumplimiento de contratistas y subcontratistas.

Fabricantes, importadores y suministradores (art. 41): garantizar que máquinas, equipos y productos no sean fuente de peligro si se usan como recomiendan; envasar y etiquetar los productos químicos; informar del uso correcto. El resto de deberes del empresario (protección, principios, evaluación, EPI, riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, colectivos sensibles) se estudian en el tema 24.

Deber general (art. 29.1): cada trabajador debe velar, según sus posibilidades y cumpliendo las medidas de prevención, por su propia seguridad y salud y por la de otras personas a las que pueda afectar su actividad, conforme a su formación y a las instrucciones del empresario.

Obligaciones concretas (art. 29.2): 1.º usar adecuadamente máquinas, herramientas, sustancias, equipos de transporte…; 2.º utilizar correctamente los EPI; 3.º no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad; 4.º informar de inmediato al superior jerárquico directo y a los designados o al servicio de prevención de cualquier riesgo; 5.º contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente; 6.º cooperar con el empresario.

Consecuencia (art. 29.3): el incumplimiento es incumplimiento laboral (art. 58.1 ET) o falta según el régimen disciplinario de los funcionarios o del personal estatutario.

En la Policía Nacional (art. 12 RD 2/2006) las obligaciones son las mismas, adaptadas: se cumplen conforme a la formación, las instrucciones de la Dirección General de la Policía y la normativa; el aviso de riesgo va al superior jerárquico directo o al servicio de prevención.

Art. 30: el empresario designa uno o varios trabajadores, constituye un servicio de prevención o lo concierta con una entidad especializada ajena. Los designados tienen las garantías de los representantes y deben guardar sigilo. En empresas de hasta 10 trabajadores (o hasta 25 con un único centro) el empresario puede asumir personalmente las funciones si trabaja habitualmente en el centro y tiene capacidad. Si no concierta con un servicio ajeno, debe someter su sistema a auditoría o evaluación externa.

Servicio de prevención (art. 31): conjunto de medios humanos y materiales necesarios para las actividades preventivas, asesorando al empresario, los trabajadores, sus representantes y los órganos especializados. Funciones: plan de prevención, evaluación, planificación, información y formación, primeros auxilios y planes de emergencia y vigilancia de la salud. Tiene carácter interdisciplinario. Las entidades especializadas requieren acreditación única de la autoridad laboral, válida en toda España, y póliza de seguro; el silencio es desestimatorio.

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (art. 32): no pueden desarrollar las funciones de servicios de prevención ajenos.

Recursos preventivos (art. 32 bis): su presencia en el centro es necesaria si los riesgos se agravan por concurrencia de operaciones, en actividades peligrosas o con riesgos especiales, o si lo requiere la Inspección. Pueden ser trabajadores designados, miembros del servicio propio o del ajeno, o trabajadores con formación de nivel básico como mínimo.

Consulta (art. 33): con la debida antelación, sobre planificación y organización del trabajo y nuevas tecnologías, organización de la prevención (incluido el recurso a un servicio externo), designación de encargados de emergencias, información y documentación, formación y cualquier acción con efectos sustanciales. Con representantes, se consulta a estos.

Participación (art. 34): en empresas o centros con seis o más trabajadores se canaliza a través de los representantes y de la representación especializada.

Delegados de Prevención (art. 35): representantes con funciones específicas en prevención, designados por y entre los representantes del personal. Escala: 50-100 → 2; 101-500 → 3; 501-1.000 → 4; 1.001-2.000 → 5; 2.001-3.000 → 6; 3.001-4.000 → 7; 4.001 en adelante → 8. Hasta 30 trabajadores, el Delegado de Prevención es el Delegado de Personal; de 31 a 49, uno elegido por y entre los Delegados de Personal. Contratos de más de un año computan como fijos; los de hasta un año, cada 200 días trabajados o fracción = un trabajador.

Competencias (art. 36): colaborar, promover la cooperación, ser consultados antes de ejecutar las decisiones del art. 33, y vigilar y controlar. Facultades: acompañar a técnicos e inspectores, acceder a información, ser informados de daños (pudiendo personarse aun fuera de su jornada), visitar los lugares de trabajo, proponer medidas y proponer la paralización. Sus informes se emiten en 15 días; la negativa del empresario a sus propuestas debe ser motivada.

Garantías (art. 37): las del art. 68 ET; el tiempo se imputa al crédito horario, salvo las reuniones del Comité, las convocadas por el empresario y ciertas visitas (tiempo de trabajo efectivo); formación a cargo del empresario; sigilo profesional.

Comité de Seguridad y Salud (arts. 38-39): órgano paritario y colegiado de participación para la consulta regular y periódica. Obligatorio en empresas o centros con 50 o más trabajadores: Delegados de Prevención + empresario y/o sus representantes en igual número. Delegados sindicales y técnicos asisten con voz pero sin voto. Se reúne trimestralmente y siempre que lo pida una representación. Puede crearse un Comité Intercentros.

Colaboración con la Inspección (art. 40): trabajadores y representantes pueden recurrir a la Inspección si consideran insuficientes las medidas.

Responsabilidades (art. 42): el incumplimiento empresarial genera responsabilidad administrativa y, en su caso, penal y civil; las administrativas son compatibles con indemnizaciones y con el recargo de prestaciones de la Seguridad Social.

Requerimiento (art. 43): el Inspector que comprueba una infracción requiere al empresario para subsanar, por escrito y con plazo, comunicándolo a los Delegados de Prevención; si se incumple, levanta acta de infracción.

Paralización (art. 44): ante riesgo grave e inminente, el Inspector puede ordenar la paralización inmediata; la empresa puede impugnarla en 3 días hábiles ante la autoridad laboral, que resuelve en 24 horas. La levanta la Inspección o el empresario al subsanar (comunicándolo).

Administraciones públicas (art. 45.1): en el ámbito del personal civil, las infracciones se corrigen con la imposición de medidas correctoras, no con multas; en la AGE el procedimiento se inicia por la Inspección y, si hay discrepancia entre Ministros, decide el Consejo de Ministros. En la Policía Nacional, las funciones de la Inspección las asume la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad (DA 1.ª RD 2/2006).

Suspensión o cierre (art. 53): el Gobierno o los órganos de las CCAA pueden acordarlo ante circunstancias de excepcional gravedad.

El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), en desarrollo del art. 6.1 d) y e) LPRL.

Integración (arts. 1-2): la prevención se integra en el sistema general de gestión de la empresa mediante el plan de prevención, que aprueba la dirección, asume toda la estructura y conocen todos los trabajadores. Empresas de hasta 50 trabajadores sin actividades del anexo I pueden reunir plan, evaluación y planificación en un único documento.

Evaluación de riesgos (art. 3): proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse, para que el empresario decida sobre la necesidad y el tipo de medidas. Se extiende a cada puesto con riesgos; se repite al elegir equipos o sustancias, cambiar las condiciones o incorporarse un trabajador especialmente sensible; la realiza personal competente. Se consulta a los representantes sobre el procedimiento de evaluación. En caso de duda, las medidas más favorables desde el punto de vista preventivo.

Revisión (art. 6): cuando lo diga una norma, cuando se detecten daños o se aprecie que las actividades son insuficientes y, además, con la periodicidad que se acuerde con los representantes.

Planificación (arts. 8-9): según un orden de prioridades en función de la magnitud de los riesgos y del número de trabajadores expuestos; incluye medios humanos, materiales y económicos, emergencias, vigilancia de la salud, información y formación. Si dura más de un año, programa anual.

Modalidades (art. 10): a) asunción personal por el empresario; b) designación de trabajadores; c) servicio de prevención propio; d) servicio de prevención ajeno. Los servicios tienen carácter interdisciplinario: conjunción coordinada de dos o más disciplinas.

Asunción personal (art. 11): empresa de hasta 10 trabajadores o de hasta 25 con un único centro; actividades no incluidas en el anexo I; actividad habitual en el centro; capacidad. Nunca la vigilancia de la salud.

Servicio propio obligatorio (art. 14): más de 500 trabajadores; entre 250 y 500 con actividades del anexo I; o cuando lo decida la autoridad laboral (previo informe de la Inspección) por peligrosidad o siniestralidad, salvo que se opte por un servicio ajeno (plazo no superior a un año para constituirlo). Es una unidad organizativa específica con dedicación exclusiva, y debe contar con al menos dos de las cuatro especialidades.

Servicio ajeno (arts. 16-20): cuando la designación sea insuficiente y no proceda el propio, o en asunción parcial. Requiere acreditación de la autoridad laboral (previa aprobación sanitaria); debe contar con las cuatro especialidades. El concierto se hace por escrito; los representantes son consultados previamente.

Servicios mancomunados (art. 21): entre empresas de un mismo centro, edificio o centro comercial (o mismo sector, grupo o polígono por negociación colectiva). Tienen consideración de servicios propios y deben contar con al menos tres especialidades.

Anexo I (actividades peligrosas): radiaciones ionizantes, sustancias tóxicas o cancerígenas, accidentes mayores, agentes biológicos de grupos 3 y 4, explosivos y pirotecnia, minería, inmersión bajo el agua, obras con riesgo de caída de altura o sepultamiento, siderurgia y construcción naval, gases comprimidos, polvo silíceo y alta tensión.

Auditorías (arts. 29-33): obligatorias para quien no conciertan el servicio con una entidad ajena. La auditoría es un instrumento de gestión que refleja la imagen fiel del sistema. La primera, dentro de los 12 meses siguientes a disponer de la planificación; se repite cada 4 años (2 años con actividades del anexo I), plazos ampliables en 2 años si la modalidad se acordó con la representación especializada. Los auditores necesitan autorización de la autoridad laboral (resolución en 3 meses; silencio desestimatorio) e independencia. No se aplican a las Administraciones públicas (DA 4.ª), que tienen sus propios instrumentos de control.

Niveles de cualificación (art. 34): básico, intermedio y superior; este último con cuatro especialidades: medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada.

Formación mínima: básico 30 horas (50 si hay actividades del anexo I), o formación equivalente, o 2 años de experiencia; intermedio 300 horas; superior titulación universitaria oficial + 600 horas acreditadas por una universidad.

Vigilancia de la salud (art. 37.3): requiere médico especialista en Medicina del Trabajo (o diplomado en Medicina de Empresa) y ATS/DUE de empresa; comprende evaluación inicial, tras ausencia prolongada por motivos de salud y periódica; historia clínico-laboral.

El Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, establece normas de PRL en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, aplicando los principios de la LPRL a sus peculiaridades organizativas y funciones. Se aplica a los funcionarios en órganos centrales y periféricos de la DGP. Las funciones sin características exclusivas de policía, seguridad y protección civil se rigen por la normativa general con las peculiaridades de la AGE.

Derecho a la protección (art. 3): protección eficaz (información, formación, propuestas, participación) y vigilancia periódica de la salud, sin perjuicio de los riesgos específicos que deben asumir los policías en situaciones de riesgo grave, catástrofe y emergencia social.

Principios (art. 4): diez (a-j). Diferencias con la LPRL: «evaluar los riesgos de imposible o muy difícil evitación», «adaptar el trabajo al funcionario», «priorizar la protección colectiva», «estimular el interés» por la seguridad mediante formación e información, elegir medios y equipos y sustituir los más peligrosos «siempre que sea posible», e incorporar previsiones de seguridad a métodos y dispositivos de servicio.

Evaluación (art. 5): inicial; revisión y actualización cada cuatro años y, en todo caso, cuando haya daños para la salud, nuevos equipos con riesgos nuevos o inadecuación. Planifica la Dirección General de la Policía.

Equipos y EPI (art. 6), información (art. 7) directa o a través de representantes, sometiendo planes y normas a informe de la Comisión del art. 15; formación (art. 8) en el ingreso, la promoción y la especialización, y con nuevas tecnologías, computando como tiempo efectivo de trabajo; emergencias (art. 9): evacuación, incendios y primeros auxilios.

Vigilancia de la salud (art. 10): reconocimientos médicos y campañas de inmunización; son voluntarios, salvo norma que disponga otra cosa o cuando sean necesarios para detectar patologías de grave riesgo para los funcionarios o los ciudadanos: entonces son obligatorios y se informa a los representantes. Pruebas con menores molestias y proporcionales; confidencialidad; el Servicio de Prevención solo conoce conclusiones sobre aptitud.

Maternidad (art. 11): la funcionaria comunica su estado a través de su unidad; si los informes médicos lo aconsejan, se le exime del trabajo nocturno o a turnos o se la adscribe a otro puesto conservando las retribuciones; no maneja elementos perjudiciales; puede usar vestimenta adecuada; no se le reducen derechos de promoción interna.

Obligaciones (art. 12): las mismas seis del art. 29 LPRL, referidas a la DGP.

La participación se canaliza por los órganos del RD 2/2006, sin perjuicio de las funciones del Consejo de Policía (art. 13).

Delegados de prevención (art. 14): funcionarios del CNP en activo o segunda actividad, designados por las organizaciones sindicales con representación en el Consejo de Policía: a) un delegado por sindicato en cada Jefatura Superior y en el conjunto de los servicios centrales; b) además, según el censo de electores de cada escala: hasta 500 → 0; 501-1.000 → 1; 1.001-2.000 → 2; 2.001-3.000 → 3; 3.001-4.000 → 4; 4.001-5.000 → 5; 5.001-6.000 → 6; 6.001-7.000 → 7; más de 7.000 → 8, repartidos por el sistema de proporcionalidad de las elecciones al Consejo. Visitan dependencias previa comunicación al Jefe; su tiempo se imputa al crédito horario del art. 22.2.b) LO 2/1986 (salvo reuniones de los Comités); deben guardar sigilo.

Comisión de seguridad y salud laboral policial (art. 15): órgano nacional, paritario y colegiado para la consulta regular y periódica. Tantos miembros sindicales como tengan en el Consejo de Policía y un número equivalente de la Administración; preside el representante de la Administración de puesto de superior nivel; Secretario, el de la Administración que designe el Presidente. Funciones: conocer, informar y participar en planes y programas; promover iniciativas sobre métodos y procedimientos; homogeneizar las propuestas de los Comités; analizar daños; informar la memoria y programación anual del servicio de prevención.

Comités de seguridad y salud (art. 16): órganos paritarios y colegiados a nivel territorial; uno en cada Jefatura Superior y otro en los servicios centrales: delegados de prevención + igual número de representantes de la Administración designados por el Director General de la Policía.

Reuniones (art. 17): la Comisión al menos una vez cada semestre; los Comités cada trimestre; asesores con voz pero sin voto.

Servicio de prevención (art. 18): propio, de ámbito nacional, en la Subdirección General de Gestión y Recursos Humanos de la DGP; integra al menos dos de las cuatro funciones de nivel superior; elabora la memoria anual. Colaboran especialmente las áreas de sanidad, arquitectura, automoción, informática y seguridad de las dependencias.

Control (art. 19): auditorías y evaluaciones cada cinco años por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad (con posible asesoramiento del INSHT); los informes están a disposición de los representantes. Los órganos debían constituirse en un año (DA 4.ª).

El Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, adapta la LPRL y el RD 39/1997 a la Administración General del Estado y sus organismos públicos con personal funcionario o estatutario (deroga el RD 1488/1998).

Ámbito (art. 2): recuerda las exclusiones del art. 3.2 LPRL y que a las funciones de guardias civiles y policías nacionales sin características exclusivas policiales se les aplica la normativa general con las peculiaridades de la AGE y de los RD 179/2005 (Guardia Civil) y 2/2006 (Policía Nacional).

Plan de prevención (art. 3): herramienta de integración; documento a disposición de la autoridad laboral, sanitaria y representantes con identificación, estructura, procesos, organización de la prevención y política, objetivos y recursos.

Participación (arts. 4-6): Juntas de Personal y Comités de Empresa (art. 34.2 LPRL), Delegados de Prevención (art. 36) y Comités de Seguridad y Salud (art. 39). La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Mesa General de Negociación de la AGE, es el órgano específico de participación y negociación sindical. Los Delegados se designan por los representantes entre miembros de la Junta de Personal (funcionarios) y del Comité de Empresa o delegados de personal (laborales), con el número estricto de la escala del art. 35.2 LPRL, repartido proporcionalmente; sin crédito horario añadido. Comité de Seguridad y Salud: en cada centro de trabajo del anexo I con 50 o más empleados públicos; representantes de la Administración en número no superior al de delegados; reunión trimestral.

Servicios de prevención (art. 7): prioridad a los servicios propios. Obligatorio servicio propio en servicios centrales con más de 500 empleados públicos, o 250-500 con actividades del anexo I del RSP (y equivalente en el ámbito provincial), con al menos dos especialidades; mancomunados con al menos tres; designación de empleados públicos (funcionarios o laborales) consultada con los representantes; servicios ajenos cuando lo requieran las peculiaridades.

Cualificación (art. 8): niveles básico, intermedio y superior; acreditación por certificación (anexos V o VI RSP), titulación o, para funcionarios, oposición con contenido equivalente certificada por la Dirección General de la Función Pública.

Control (art. 10): control periódico externo por el INSHT (informe de evaluación externa; auditorías extraordinarias). Dirección General de la Función Pública (art. 11): coordinación, seguimiento, promoción e impulso; preside la Comisión Técnica. Todos los accidentes y enfermedades profesionales de los empleados públicos se declaran en los modelos oficiales (DA 4.ª).