Tema 24. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales

Trabajo (concepto doctrinal): toda actividad humana, física o intelectual, mediante la que la persona transforma el medio para satisfacer sus necesidades. Es fuente de bienestar (renta, desarrollo personal, relaciones sociales) pero también puede deteriorar la salud: de esa doble cara nace la prevención de riesgos laborales.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) desarrolla el mandato del art. 40.2 CE (los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo), transpone la Directiva 89/391/CEE (directiva marco) e incorpora el Convenio 155 de la OIT.

Objeto (art. 2): promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Sus disposiciones laborales son Derecho necesario mínimo indisponible, mejorable por convenio colectivo.

Normativa de PRL (art. 1): la propia Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas normas, legales o convencionales, contengan prescripciones sobre medidas preventivas en el ámbito laboral.

Se aplica a relaciones laborales y también al personal administrativo o estatutario de las AAPP (novedad de la Ley), con exclusión de ciertas actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero, protección civil, peritaje forense y Fuerzas Armadas (lo verás a fondo en el tema 25).

Salud (OMS): «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». Tres dimensiones: física, mental y social. El goce del grado máximo de salud es un derecho fundamental de todo ser humano.

Condición de trabajo (art. 4.7.º LPRL): cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos. Incluye expresamente: a) características de locales, instalaciones, equipos y productos; b) naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos y sus intensidades o concentraciones; c) procedimientos de utilización de esos agentes; d) organización y ordenación del trabajo.

El trabajo y la salud: las condiciones de trabajo actúan como factores de riesgo. Doctrinalmente se agrupan en: condiciones de seguridad (máquinas, lugares, electricidad, incendios), medio ambiente físico (ruido, vibraciones, iluminación, temperatura, radiaciones), contaminantes químicos y biológicos, carga de trabajo física y mental, y organización del trabajo (factores psicosociales: turnos, ritmo, monotonía, relaciones).

La política preventiva busca la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección (art. 5.1), considerando también las variables relacionadas con el sexo en la recogida de datos e investigación (art. 5.4).

Riesgo laboral (art. 4.2.º): la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar su gravedad se valoran conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

Riesgo laboral grave e inminente (art. 4.4.º): aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud. Con agentes susceptibles de causar daños graves, basta que sea probable una exposición inmediata, aunque los daños no se manifiesten de forma inmediata.

Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos (art. 4.5.º): los que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para quienes los desarrollan o utilizan.

Equipo de trabajo (art. 4.6.º): cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

El empresario aplica el deber general de prevención con arreglo a 9 principios (art. 15.1): a) evitar los riesgos; b) evaluar los que no se puedan evitar; c) combatir en su origen; d) adaptar el trabajo a la persona (concepción de puestos, elección de equipos y métodos, atenuar el trabajo monótono y repetitivo); e) tener en cuenta la evolución de la técnica; f) sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; g) planificar la prevención (técnica, organización, condiciones de trabajo, relaciones sociales y factores ambientales); h) anteponer la protección colectiva a la individual; i) dar las debidas instrucciones.

Además (art. 15.2-5): tener en cuenta las capacidades profesionales al encomendar tareas; solo acceden a zonas de riesgo grave y específico quienes hayan recibido información suficiente y adecuada; las medidas deben prever las distracciones o imprudencias no temerarias; una medida con riesgos adicionales solo se adopta si estos son sustancialmente inferiores y no hay alternativas más seguras; se pueden concertar seguros de previsión de riesgos.

El orden lógico de los principios es el de la acción preventiva: primero eliminar, después evaluar lo que queda, atacar el foco, y solo al final proteger al individuo.

Prevención (art. 4.1.º): conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos. Actúa antes de que el daño se produzca, sobre la probabilidad.

Protección (concepto doctrinal): técnicas que, sin eliminar el riesgo, reducen o evitan las consecuencias (severidad) del daño sobre el trabajador. Puede ser colectiva (barandillas, resguardos, extracción localizada) o individual (EPI).

Equipo de protección individual (art. 4.8.º): cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para protegerle de uno o varios riesgos, y cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin (p. ej. chaleco antibalas, guantes anticorte, protectores auditivos en la galería de tiro).

Jerarquía (arts. 15.1.h y 17.2): los EPI se usan solo cuando los riesgos no se puedan evitar o limitar suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o por medidas de organización del trabajo. El empresario debe proporcionarlos y velar por su uso efectivo.

Equipos de trabajo (art. 17.1): deben ser adecuados y adaptados; si presentan un riesgo específico, su uso se reserva a los encargados y la reparación, transformación o mantenimiento a trabajadores específicamente capacitados.

Derecho a una protección eficaz (art. 14.1) con su correlativo deber del empresario; es también deber de las Administraciones públicas respecto de su personal. Forman parte de él los derechos de información, consulta y participación, formación, paralización por riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

El empresario debe garantizar la seguridad y salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo, integrando la prevención y con una acción permanente de seguimiento (art. 14.2). Las obligaciones de los trabajadores o el recurso a servicios externos no le eximen (art. 14.4). El coste de las medidas no recae en modo alguno sobre los trabajadores (art. 14.5).

Plan de prevención (art. 16.1): integra la prevención en el sistema general de gestión y en todos los niveles jerárquicos; incluye estructura organizativa, responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, procesos y recursos.

Instrumentos esenciales (art. 16.2): la evaluación de riesgos (inicial; también al elegir equipos, sustancias o acondicionar lugares; actualizada cuando cambien las condiciones y revisada tras daños) y la planificación de la actividad preventiva (plazo, responsables, recursos humanos y materiales). Si se produce un daño o la vigilancia revela insuficiencia, el empresario investiga las causas (art. 16.3).

Ante un riesgo grave e inminente el empresario debe (art. 21.1): informar lo antes posible a los afectados; dar instrucciones para que, si el peligro es grave, inminente e inevitable, puedan interrumpir su actividad y abandonar el lugar (sin exigir la reanudación mientras persista el peligro, salvo excepción justificada); y capacitar al trabajador que no pueda contactar con su superior para adoptar medidas.

El trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar cuando considere que entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud (art. 21.2).

Si el empresario no actúa, los representantes legales acuerdan por mayoría la paralización (o los Delegados de Prevención por decisión mayoritaria si no se puede reunir al órgano con urgencia). Se comunica a la empresa y a la autoridad laboral, que en 24 horas anulará o ratificará la paralización (art. 21.3).

Nadie sufre perjuicio por estas medidas salvo mala fe o negligencia grave (art. 21.4).

Daños derivados del trabajo (art. 4.3.º): las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Son la consecuencia de los riesgos no controlados.

Accidente de trabajo (art. 156 LGSS): toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Incluye: los sufridos al ir o volver del trabajo (*in itinere*), en el desempeño de cargos sindicales, en tareas distintas ordenadas por el empresario o espontáneas en interés de la empresa, en actos de salvamento con conexión con el trabajo, las enfermedades no profesionales con causa exclusiva en el trabajo, las enfermedades previas agravadas por el accidente y las complicaciones del proceso.

Presunción: salvo prueba en contrario, son accidente de trabajo las lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar del trabajo. No lo son los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo (pero la insolación, el rayo y fenómenos análogos nunca se consideran fuerza mayor extraña) ni los debidos a dolo o imprudencia temeraria del accidentado. No impiden la calificación la imprudencia profesional ni la culpa del empresario, un compañero o un tercero relacionada con el trabajo.

Enfermedad profesional (art. 157 LGSS): la contraída a consecuencia del trabajo por cuenta ajena en las actividades del cuadro oficial y provocada por los elementos o sustancias que en él se indiquen. Accidente no laboral y enfermedad común son categorías residuales (art. 158).

Otros daños (doctrina): fatiga física y mental, insatisfacción laboral, estrés y envejecimiento prematuro; no tienen calificación jurídica específica pero son consecuencias de unas malas condiciones de trabajo.

Vigilancia de la salud (art. 22): el empresario garantiza la vigilancia periódica en función de los riesgos inherentes al trabajo. Es voluntaria; solo se exceptúa, previo informe de los representantes, cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo, para verificar si el estado de salud puede ser un peligro para el trabajador o terceros, o cuando lo establezca una disposición legal.

Se eligen las pruebas que causen las menores molestias y sean proporcionales al riesgo; se respeta la intimidad, dignidad y confidencialidad; los resultados se comunican al trabajador; la información médica solo la conocen el personal médico y las autoridades sanitarias; el empresario solo recibe las conclusiones sobre aptitud o sobre la necesidad de mejorar medidas. Puede prolongarse más allá de la relación laboral y la realiza personal sanitario acreditado.

Documentación (art. 23): plan de prevención, evaluación de riesgos, planificación, controles del estado de salud y la relación de accidentes y enfermedades profesionales con incapacidad superior a un día. Los daños para la salud se notifican por escrito a la autoridad laboral.

Especialmente sensibles (art. 25): por características personales, estado biológico o discapacidad reconocida. No serán empleados en puestos en que puedan ponerse en peligro ellos u otros. Se evalúan también los riesgos para la función de procreación (efectos mutagénicos o tóxicos).

Maternidad (art. 26): escalera de medidas → 1) adaptar condiciones o tiempo de trabajo (incluido no hacer trabajo nocturno o a turnos); 2) cambio de puesto (certificado de los Servicios Médicos del INSS o Mutuas con informe del médico del SNS), conservando retribuciones si es de otra categoría; 3) suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo. Igual en lactancia natural (hijos menores de nueve meses). Permiso retribuido para exámenes prenatales y preparación al parto.

Menores de 18 años (art. 27): evaluación antes de su incorporación y ante cambios importantes, atendiendo a su falta de experiencia e inmadurez; se informa a ellos y a sus padres o tutores.

Temporales y ETT (art. 28): mismo nivel de protección; información previa y formación; la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y la ETT de la formación y la vigilancia de la salud.