Tema 3. Constitución Española (II): Corona, Cortes, Gobierno, Poder Judicial y TC

El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia; arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica (art. 56.1).

La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos necesitan refrendo (art. 64) y sin él carecen de validez, salvo el art. 65.2 (nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su Casa). Responden de los actos del Rey quienes los refrendan.

Refrendan el Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros competentes. Refrenda el Presidente del Congreso la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del art. 99.5.

Sucesión (art. 57): Corona hereditaria en los sucesores de Don Juan Carlos I de Borbón; orden regular de primogenitura y representación: línea anterior > posteriores; en la misma línea, grado más próximo; en el mismo grado, varón a mujer; en el mismo sexo, mayor edad. El heredero es Príncipe de Asturias desde su nacimiento o desde el hecho que origine el llamamiento.

Extinguidas todas las líneas, proveen las Cortes Generales. Quien se case contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes queda excluido por sí y sus descendientes. Abdicaciones, renuncias y dudas de sucesión: ley orgánica.

El consorte no asume funciones constitucionales, salvo la Regencia. Regencia (art. 59): Rey menor → padre o madre y, en su defecto, pariente mayor de edad más próximo a suceder; Rey inhabilitado (reconocido por las Cortes) → Príncipe heredero si es mayor de edad. Si no hay nadie, la nombran las Cortes: una, tres o cinco personas. Requisitos: español y mayor de edad. Se ejerce por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Tutor del Rey menor (art. 60): el nombrado en testamento (mayor de edad y español de nacimiento); si no, padre o madre mientras permanezcan viudos; en su defecto, lo nombran las Cortes. Regente y tutor solo se acumulan en padre, madre o ascendientes directos. La tutela es incompatible con todo cargo o representación política.

Funciones del Rey (arts. 62-63): sancionar y promulgar leyes; convocar y disolver las Cortes y convocar elecciones y referéndum; proponer candidato a Presidente y nombrarlo; nombrar y separar Ministros a propuesta del Presidente; expedir decretos del Consejo de Ministros; ser informado y presidir el Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente; mando supremo de las FFAA; derecho de gracia sin indultos generales; Alto Patronazgo de las Reales Academias; acreditar embajadores; manifestar el consentimiento del Estado en tratados; declarar la guerra y hacer la paz previa autorización de las Cortes.

El Rey recibe de los Presupuestos una cantidad global para su Familia y Casa y la distribuye libremente (art. 65).

Las Cortes representan al pueblo español y las forman Congreso y Senado (bicameralismo imperfecto). Ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos y controlan al Gobierno. Son inviolables.

Nadie puede ser miembro de las dos Cámaras a la vez, ni acumular acta autonómica con la de Diputado al Congreso. No hay mandato imperativo. Las reuniones sin convocatoria reglamentaria no vinculan.

Congreso (art. 68): 300 a 400 Diputados; circunscripción provincia; Ceuta y Melilla, 1 Diputado cada una; representación proporcional; 4 años. Elecciones entre 30 y 60 días tras terminar el mandato; el Congreso electo se convoca en los 25 días siguientes a las elecciones.

Senado (art. 69): Cámara de representación territorial. 4 Senadores por provincia; islas mayores (Gran Canaria, Mallorca, Tenerife) 3; las demás islas citadas 1; Ceuta y Melilla 2 cada una; las CCAA designan 1 + 1 por millón de habitantes (Asamblea legislativa o, en su defecto, órgano colegiado superior). 4 años.

Inelegibilidad/incompatibilidad mínima (art. 70): miembros del TC, altos cargos (excepto miembros del Gobierno), Defensor del Pueblo, Magistrados, Jueces y Fiscales en activo, militares profesionales y miembros de las FCS y Policía en activo, miembros de las Juntas Electorales. Validez de actas: control judicial.

Prerrogativas (art. 71): inviolabilidad por opiniones en el ejercicio de sus funciones; inmunidad: solo detención en flagrante delito y sin autorización de la Cámara no pueden ser inculpados ni procesados; aforamiento ante la Sala de lo Penal del TS; asignación fijada por cada Cámara.

Autonomía (art. 72): Reglamentos propios (votación final de totalidad por mayoría absoluta), presupuestos, Estatuto del Personal de común acuerdo. Sesiones conjuntas: las preside el Presidente del Congreso. Los Presidentes ejercen poderes administrativos y de policía en sus sedes.

Sesiones (art. 73): ordinarias septiembre-diciembre y febrero-junio; extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de una Cámara, sobre orden del día determinado.

Art. 74.2: decisiones de los arts. 94.1 (tratados), 145.2 (acuerdos entre CCAA) y 158.2 (Fondo de Compensación) por mayoría de cada Cámara; empieza el Congreso en el 94.1 y el Senado en los otros dos; si no hay acuerdo, Comisión Mixta paritaria y, en último término, decide el Congreso por mayoría absoluta.

Funcionamiento: Pleno y Comisiones; delegación legislativa en Comisiones salvo reforma constitucional, cuestiones internacionales, leyes orgánicas y de bases y Presupuestos. Comisiones de investigación: conclusiones no vinculantes para los Tribunales; comparecer es obligatorio. Peticiones siempre por escrito.

Diputación Permanente (art. 78): mínimo 21 miembros, proporcional a los grupos, presidida por el Presidente de la Cámara; actúa cuando la Cámara está disuelta o expiró su mandato (arts. 86 y 116) y hasta la constitución de las nuevas Cortes.

Acuerdos (art. 79): reunión reglamentaria con asistencia de la mayoría de miembros; aprobación por mayoría de presentes; voto personal e indelegable. Plenos públicos salvo acuerdo por mayoría absoluta o conforme al Reglamento.

Leyes orgánicas (art. 81): desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y las demás previstas. Aprobación, modificación o derogación: mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto.

Delegación legislativa (arts. 82-85): en materias no orgánicas; ley de bases para textos articulados y ley ordinaria para textos refundidos. Expresa, para materia concreta, con plazo; se agota por el uso; nunca implícita ni indefinida; sin subdelegación. Las leyes de bases no pueden autorizar su propia modificación ni normas retroactivas. Resultado: Decretos Legislativos.

Decretos-leyes (art. 86): extraordinaria y urgente necesidad; no pueden afectar a instituciones básicas del Estado, derechos y libertades del Título I, régimen de las CCAA ni Derecho electoral general. El Congreso los convalida o deroga en 30 días desde su promulgación; pueden tramitarse como proyecto de ley por urgencia.

Iniciativa (art. 87): Gobierno (proyectos, aprobados en Consejo de Ministros), Congreso y Senado (proposiciones); Asambleas de CCAA (piden un proyecto al Gobierno o remiten proposición a la Mesa del Congreso con máximo 3 defensores); iniciativa popular con 500.000 firmas, excluidas materias orgánicas, tributarias, internacionales y gracia.

Senado (art. 90): 2 meses para vetar (mayoría absoluta) o enmendar; 20 días naturales si es urgente. El Congreso levanta el veto por mayoría absoluta inmediatamente o por mayoría simple pasados 2 meses; las enmiendas las acepta o rechaza por mayoría simple.

Sanción: el Rey sanciona en 15 días, promulga y ordena la publicación (art. 91). Referéndum consultivo (art. 92): lo convoca el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, autorizada por el Congreso.

Art. 93: por ley orgánica se autorizan tratados que atribuyan a una organización internacional competencias derivadas de la Constitución.

Art. 94.1: necesitan autorización previa de las Cortes los tratados políticos, militares, los que afecten a la integridad territorial o a los derechos del Título I, los que impliquen obligaciones financieras y los que modifiquen o deroguen una ley o exijan medidas legislativas. De los demás, Congreso y Senado son informados.

Art. 95: un tratado contrario a la Constitución exige previa revisión constitucional; el Gobierno o cualquiera de las Cámaras pueden pedir al TC que declare si hay contradicción (declaración vinculante, art. 78 LOTC).

Art. 96: los tratados forman parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente; su denuncia sigue el procedimiento del art. 94.

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado; ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97).

Composición (art. 98): Presidente, Vicepresidentes en su caso, Ministros y demás miembros que establezca la ley. El Presidente dirige y coordina. Sus miembros no pueden ejercer otras funciones representativas que las del mandato parlamentario.

Investidura (art. 99): tras cada renovación del Congreso, el Rey, previa consulta con los Grupos y a través del Presidente del Congreso, propone candidato. 1.ª votación: mayoría absoluta; si no, 48 horas después, mayoría simple. Si en 2 meses desde la primera votación nadie obtiene la confianza: disolución de ambas Cámaras con refrendo del Presidente del Congreso.

Cese (art. 101): tras elecciones generales, pérdida de confianza parlamentaria, dimisión o fallecimiento del Presidente. Sigue en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Responsabilidad criminal (art. 102): ante la Sala de lo Penal del TS. Por traición o delitos contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo a iniciativa de 1/4 del Congreso y aprobación por mayoría absoluta. No cabe indulto.

Administración (art. 103): sirve con objetividad los intereses generales; principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho; acceso a la función pública por mérito y capacidad.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 104): bajo dependencia del Gobierno, protegen el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizan la seguridad ciudadana; sus funciones y estatutos, por ley orgánica.

Art. 105: audiencia de los ciudadanos, acceso a archivos (salvo seguridad y defensa, averiguación de delitos e intimidad) y procedimiento administrativo. Art. 106: los Tribunales controlan la potestad reglamentaria; indemnización por funcionamiento de servicios públicos salvo fuerza mayor. Art. 107: Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno.

El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso (art. 108). Las Cámaras recaban información a través de sus Presidentes, reclaman la presencia de los miembros del Gobierno, y estos tienen acceso a las sesiones y pueden hacerse oír.

Interpelaciones y preguntas: tiempo mínimo semanal; toda interpelación puede dar lugar a una moción (art. 111).

Cuestión de confianza (art. 112): la plantea el Presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, sobre su programa o una declaración de política general; se otorga por mayoría simple. Si se niega: dimisión y nueva investidura del art. 99.

Moción de censura (art. 113): constructiva; la proponen al menos 1/10 de los Diputados con candidato; no se vota hasta pasados 5 días; mociones alternativas en los 2 primeros días; se aprueba por mayoría absoluta; si fracasa, sus firmantes no pueden presentar otra en el mismo período de sesiones. Si triunfa, el candidato queda investido y el Rey lo nombra.

Disolución (art. 115): la propone el Presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad; la decreta el Rey; el decreto fija la fecha de elecciones. No cabe con una moción de censura en trámite ni antes de un año desde la anterior (salvo art. 99.5).

Estados excepcionales (art. 116, desarrollados por ley orgánica): alarma → Gobierno, máx. 15 días, dando cuenta al Congreso (prórroga con su autorización); excepción → Gobierno previa autorización del Congreso, máx. 30 + 30 días; sitio → mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. Durante ellos no se disuelve el Congreso; si está disuelto, actúa su Diputación Permanente.

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1).

Exclusividad: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a Juzgados y Tribunales. Unidad jurisdiccional como base; jurisdicción militar solo en el ámbito estrictamente castrense y en estado de sitio. Se prohíben los Tribunales de excepción.

Obligación de cumplir resoluciones firmes y colaborar (118); justicia gratuita cuando lo diga la ley y siempre con insuficiencia de recursos (119); actuaciones públicas, procedimiento predominantemente oral sobre todo en lo criminal, sentencias motivadas y en audiencia pública (120); error judicial y funcionamiento anormal: indemnización a cargo del Estado (121).

CGPJ (art. 122): órgano de gobierno del Poder Judicial. Presidente del TS + 20 vocales nombrados por el Rey por 5 años: 12 entre Jueces y Magistrados; 4 Congreso y 4 Senado por 3/5, entre abogados y juristas con más de 15 años de ejercicio.

Tribunal Supremo (art. 123): jurisdicción en toda España, órgano superior en todos los órdenes salvo garantías constitucionales. Su Presidente lo nombra el Rey a propuesta del CGPJ.

Ministerio Fiscal (art. 124): promueve la acción de la justicia; principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, sujeción a legalidad e imparcialidad. Fiscal General: nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ.

Participación ciudadana (125): acción popular, Jurado y Tribunales consuetudinarios y tradicionales. Policía judicial (126): depende de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación del delito y aseguramiento del delincuente. Jueces y Fiscales en activo no pueden pertenecer a partidos ni sindicatos (127).

El Estado se organiza en municipios, provincias y CCAA, todos con autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (art. 137). Principio de solidaridad, atendiendo al hecho insular; los Estatutos no pueden crear privilegios económicos o sociales (138). Igualdad de derechos en todo el territorio y libre circulación de personas y bienes (139).

Municipio (art. 140): autonomía garantizada, personalidad jurídica plena; gobierno por el Ayuntamiento (Alcalde y Concejales). Concejales elegidos por los vecinos; Alcalde, por los Concejales o por los vecinos. La ley regula el concejo abierto.

Provincia (art. 141): entidad local con personalidad propia, agrupación de municipios y división territorial del Estado. Alterar límites provinciales: Cortes, por ley orgánica. Gobierno por Diputaciones u otras corporaciones representativas; en archipiélagos, Cabildos o Consejos.

Haciendas locales (art. 142): medios suficientes; se nutren de tributos propios y participación en los del Estado y CCAA.

Acceso a la autonomía (art. 143): provincias limítrofes con características comunes, territorios insulares y provincias con entidad regional histórica. Vía lenta (143.2): Diputaciones + 2/3 de municipios con la mayoría del censo, en 6 meses; si fracasa, reiterar a los 5 años.

Art. 144: las Cortes, por ley orgánica y por interés nacional, pueden autorizar una CA uniprovincial sin los requisitos del 143.1, Estatutos para territorios no integrados en provincias y sustituir la iniciativa local.

No se admite la federación de CCAA. Convenios para servicios propios: los prevén los Estatutos con comunicación a las Cortes; otros acuerdos de cooperación: autorización de las Cortes (art. 145).

Estatuto (arts. 146-147): proyecto elaborado por la asamblea de miembros de la Diputación u órgano interinsular + Diputados y Senadores; es la norma institucional básica de la CA; contenido mínimo: denominación, territorio, instituciones (denominación, organización y sede) y competencias. Su reforma requiere siempre ley orgánica de las Cortes.

Competencias: art. 148 (22 materias asumibles: urbanismo, agricultura, turismo, deporte, asistencia social, sanidad e higiene, vigilancia de sus edificios y coordinación de policías locales…); a los 5 años, ampliación por reforma estatutaria. Art. 149.1: 32 materias exclusivas del Estado (nacionalidad y extranjería, relaciones internacionales, defensa, Administración de Justicia, legislación penal y mercantil, armas y explosivos, seguridad pública…). 149.3: lo no atribuido al Estado puede ser de las CCAA; lo no asumido es del Estado; prevalencia estatal y derecho estatal supletorio.

Art. 150: ley marco (150.1), ley orgánica de transferencia o delegación (150.2) y leyes de armonización (150.3, necesidad apreciada por mayoría absoluta de cada Cámara).

Vía rápida (art. 151): Diputaciones + 3/4 de municipios con mayoría del censo, ratificada en referéndum por mayoría absoluta de electores de cada provincia. Asamblea de Parlamentarios; Comisión Constitucional del Congreso en 2 meses; referéndum; ratificación por los plenos de ambas Cámaras. Organización (152): Asamblea legislativa proporcional, Consejo de Gobierno y Presidente elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey; Tribunal Superior de Justicia.

Control de las CCAA (153): TC (normas con fuerza de ley), Gobierno previo dictamen del Consejo de Estado (funciones delegadas del 150.2), contencioso-administrativo (administración y reglamentos) y Tribunal de Cuentas (económico y presupuestario). Delegado del Gobierno (154).

Art. 155: incumplimiento o atentado grave al interés general → requerimiento al Presidente de la CA y, si no se atiende, medidas aprobadas por mayoría absoluta del Senado; el Gobierno puede dar instrucciones a todas las autoridades autonómicas.

Financiación (156-158): autonomía financiera con coordinación y solidaridad; recursos: impuestos cedidos, recargos y participaciones, impuestos propios, tasas y contribuciones especiales, Fondo de Compensación interterritorial, patrimonio y crédito. Prohibidas medidas tributarias sobre bienes fuera de su territorio. El Fondo de Compensación lo distribuyen las Cortes Generales.

Composición (art. 159): 12 miembros nombrados por el Rey: 4 Congreso y 4 Senado (3/5), 2 Gobierno, 2 CGPJ. Entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, juristas con más de 15 años. Mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3. Independientes e inamovibles.

Incompatibilidades (159.4): todo mandato representativo, cargos políticos o administrativos, funciones directivas en partido o sindicato y empleo a su servicio, carreras judicial y fiscal, actividad profesional o mercantil; en lo demás, las del Poder Judicial.

Presidente (art. 160): nombrado por el Rey, entre sus miembros, a propuesta del Pleno, por 3 años.

Competencias (161): recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo (derechos del 53.2), conflictos de competencia Estado-CCAA o entre CCAA, y las demás que le atribuyan la CE o las leyes orgánicas. Impugnación del Gobierno de disposiciones autonómicas (161.2): suspensión automática, a ratificar o levantar en 5 meses.

Legitimación (162): inconstitucionalidad → Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, órganos colegiados ejecutivos y Asambleas de CCAA; amparo → toda persona natural o jurídica con interés legítimo, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal. Cuestión de inconstitucionalidad (163): la plantean jueces y tribunales; nunca efectos suspensivos.

Sentencias (164): se publican en el BOE con votos particulares; cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación; sin recurso; efectos frente a todos las que declaran inconstitucional una ley y las que no se limitan a la estimación subjetiva de un derecho.

El TC es el intérprete supremo de la Constitución, independiente y sometido solo a la Constitución y a la LOTC; único en su orden, jurisdicción en todo el territorio (art. 1). Nadie puede promover cuestión de jurisdicción o competencia frente a él y sus resoluciones no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional (art. 4).

Actúa en Pleno (12), 2 Salas de 6 (Presidente → Sala 1.ª; Vicepresidente → Sala 2.ª) y Secciones de 3 (Presidente respectivo + 2). Quórum: 2/3 en Pleno y Salas; en Secciones, 2 (los 3 si hay discrepancia).

Presidente: elegido por el Pleno en votación secreta; mayoría absoluta en 1.ª votación, más votos en 2.ª; si persiste el empate, el de mayor antigüedad y luego el de mayor edad; 3 años, reelegible una sola vez. Vicepresidente igual, por 3 años.

Designación: propuestas con un mínimo del 40 % de cada sexo; los del Senado, entre candidaturas de las Asambleas autonómicas; comparecencia previa de los candidatos de Congreso y Senado ante Comisión. 9 años; no reelegibles para un período inmediato salvo que hayan ocupado el cargo no más de 3 años. El Presidente pide la renovación antes de los 4 meses previos a la expiración; los salientes siguen hasta la toma de posesión de sus sucesores.

Incompatibilidad sobrevenida o previa: cesar en 10 días o se entiende que no acepta. Funcionarios nombrados: servicios especiales. Juran o prometen ante el Rey.

Cese (art. 23): renuncia, expiración, incapacidad, incompatibilidad sobrevenida, falta de diligencia, violar la reserva, responsabilidad civil por dolo o condena por delito doloso o culpa grave. Lo decreta el Presidente en renuncia, expiración y fallecimiento; el Pleno por mayoría simple en incapacidad e incompatibilidad; por 3/4 en los demás. Suspensión: 3/4 del Pleno. Responsabilidad criminal: Sala de lo Penal del TS. Remuneración de transición: 1 año si han servido al menos 3.

Objeto del control de constitucionalidad (art. 27.2): Estatutos y leyes orgánicas; leyes y actos con fuerza de ley del Estado; tratados; Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes; leyes y actos con fuerza de ley de las CCAA; Reglamentos de las Asambleas autonómicas. La admisión no suspende la ley, salvo el 161.2 CE invocado por el Gobierno.

Recurso de inconstitucionalidad: 3 meses desde la publicación (9 meses para Presidente del Gobierno y ejecutivos autonómicos con acuerdo de la Comisión Bilateral). Alegaciones en 15 días; sentencia en 10 (máx. 30).

Cuestión de inconstitucionalidad: la plantea el juez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia; audiencia a partes y Fiscal 10 días; auto en 3 días, irrecurrible. Suspende el proceso, no la ley. En el TC: personación de las partes en 15 días y alegaciones en otros 15; sentencia en 15 (máx. 30).

Sentencias: cosa juzgada, vinculan a todos los poderes públicos, efectos generales desde su publicación en el BOE. La inconstitucionalidad conlleva nulidad; no permite revisar procesos fenecidos salvo penales o sancionadores con reducción de pena o sanción.

Amparo: derechos de los arts. 14 a 29 + objeción de conciencia (30). Plazos: actos parlamentarios 3 meses desde su firmeza; actos del Gobierno o Administración 20 días tras la vía judicial; actos judiciales 30 días. Demanda con especial trascendencia constitucional; admisión por unanimidad de la Sección; inadmisión recurrible solo por el Ministerio Fiscal en 3 días. Lo conocen las Salas y, en su caso, las Secciones. No suspende, salvo que lo acuerde la Sala o Sección.

Conflictos: positivos (Gobierno: 2 meses directo o requerimiento; requerimiento autonómico en 2 meses, contestación en 1 mes), negativos, entre órganos constitucionales (Gobierno, Congreso, Senado, CGPJ) y en defensa de la autonomía local (1/7 de municipios con 1/6 de población o 1/2 de provincias con 1/2 de población; dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico pedido en 3 meses).

Impugnación del Título V (art. 161.2 CE): el Gobierno, en 2 meses, contra disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones autonómicas; suspensión hasta 5 meses. Tratados (art. 78): requerimiento del Gobierno o de cualquiera de las Cámaras; declaración vinculante. Recurso previo contra Proyectos de Estatuto o de su reforma: 3 días desde su publicación en el BOCG; resolución en 6 meses improrrogables.

Iniciativa (art. 166): la de los apartados 1 y 2 del art. 87: Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas de CCAA. No cabe iniciativa popular.

Reforma ordinaria (art. 167): 3/5 de cada Cámara; si no hay acuerdo, Comisión paritaria; en su defecto, con mayoría absoluta del Senado, el Congreso aprueba por 2/3. Referéndum facultativo si lo pide 1/10 de cualquiera de las Cámaras en 15 días.

Reforma agravada (art. 168): revisión total o parcial del Título preliminar, Sección 1.ª del Capítulo II del Título I (arts. 15-29) o Título II (Corona). Aprobación del principio por 2/3 de cada Cámara, disolución inmediata, ratificación por las nuevas Cámaras, nuevo texto por 2/3 de ambas y referéndum obligatorio.

Límite temporal (art. 169): no puede iniciarse en tiempo de guerra ni durante los estados de alarma, excepción o sitio.