Tema 16. Derecho Penal, parte general

El Derecho Penal es la rama del ordenamiento jurídico público que define las conductas que constituyen delito y les asocia penas o medidas de seguridad como consecuencia jurídica. Se suele distinguir un sentido objetivo (ius poenale: el conjunto de normas penales) y un sentido subjetivo (ius puniendi: la potestad del Estado para castigar, que solo puede ejercerse dentro de los límites de esas normas).

Su fin es la protección de bienes jurídicos (vida, integridad, libertad, patrimonio...) frente a los ataques más graves. Por eso es la ultima ratio: interviene solo cuando los demás instrumentos del ordenamiento (civil, administrativo) no bastan.

La norma penal tiene dos partes: el supuesto de hecho (la conducta descrita, el tipo) y la consecuencia jurídica (pena o medida de seguridad). Cuando una norma remite a otra para completar el supuesto se habla de ley penal en blanco.

Fuente: la ley penal es ley orgánica cuando afecta a derechos fundamentales (art. 81 CE). Hoy rige la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con un Título Preliminar (garantías y aplicación de la ley penal), un Libro I (disposiciones generales: delitos, personas responsables, penas, medidas de seguridad y demás consecuencias) y un Libro II (delitos y sus penas). Además existen leyes penales especiales, a las que se aplican las disposiciones del Título Preliminar y, como supletorias, el resto del Código (art. 9).

Parte General vs. Parte Especial: la Parte General (Libro I) estudia los elementos comunes a todo delito (acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, grados de ejecución, autoría, penas); la Parte Especial (Libro II) describe cada delito concreto.

Principio de legalidad («nullum crimen, nulla poena sine praevia lege»): art. 25.1 CE y arts. 1 a 4 CP. Se desglosa en cuatro garantías: criminal (no hay delito sin ley anterior, art. 1.1), penal (no hay pena sin ley anterior, art. 2.1), jurisdiccional (solo se ejecuta la pena en virtud de sentencia firme de Juez o Tribunal competente, art. 3.1) y de ejecución (la pena se ejecuta en la forma prescrita por la ley y reglamentos, bajo control judicial, art. 3.2). La ley debe ser escrita, previa, estricta y cierta.

Prohibición de analogía (art. 4.1): las leyes penales no se aplican a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. Si el juez estima digna de represión una conducta no penada, se abstiene y lo expone al Gobierno (art. 4.2). Si la pena le parece notablemente excesiva, ejecuta la sentencia y acude al Gobierno proponiendo derogación, modificación o indulto (art. 4.3).

Irretroactividad de la ley penal desfavorable y retroactividad de la ley penal favorable al reo (art. 2.2 CP; art. 9.3 CE garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables), incluso con sentencia firme y condena en cumplimiento. En caso de duda sobre cuál es más favorable, se oye al reo. Excepción: las leyes temporales (art. 2.2 in fine).

Principio de culpabilidad: «No hay pena sin dolo o imprudencia» (art. 5). Excluye la responsabilidad objetiva. Las acciones imprudentes solo se castigan cuando la ley lo dispone expresamente (art. 12).

Principio de peligrosidad para las medidas de seguridad: se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito, y no pueden ser más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable (art. 6).

Otros principios (doctrinales, derivados de la CE): intervención mínima (carácter fragmentario y subsidiario: ultima ratio), proporcionalidad de la pena con la gravedad del hecho, humanidad de las penas y orientación a la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE: no trabajos forzados), non bis in idem (no sancionar dos veces el mismo hecho con idéntico fundamento), presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y ofensividad o lesividad (solo se castigan conductas que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos).

Concepto legal: «Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley» (art. 10). Desde la reforma de 2015 las antiguas faltas desaparecen y se convierten, en su mayoría, en delitos leves.

Clasificación por la gravedad de la pena (art. 13): graves (pena grave), menos graves (pena menos grave) y leves (pena leve). Si la pena por su extensión puede ser grave y menos grave a la vez, el delito es grave; si puede ser leve y menos grave, el delito es leve.

Comisión por omisión (art. 11): los delitos de resultado se cometen por omisión cuando no evitarlo, infringiendo un especial deber jurídico, equivale a causarlo. Se equipara la omisión a la acción cuando hay específica obligación legal o contractual de actuar o cuando el omitente creó una ocasión de riesgo con una acción u omisión precedente (injerencia).

Dolo e imprudencia: dolo = conocer y querer la realización del tipo; imprudencia = infracción del deber de cuidado. Solo se castiga la imprudencia cuando la ley lo prevé (art. 12).

Error (art. 14): el error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción excluye la responsabilidad; si es vencible, se castiga como imprudente. El error sobre un hecho que cualifica o sobre una agravante impide apreciarla. El error invencible sobre la ilicitud del hecho excluye la responsabilidad; si es vencible, pena inferior en uno o dos grados.

Concurso aparente de normas (art. 8): cuando un hecho encaja en varios preceptos y no estamos en los arts. 73 a 77, se aplican por orden: especialidad, subsidiariedad, consunción (el precepto más amplio o complejo absorbe) y, en defecto de los anteriores, alternatividad (el precepto más grave excluye al de pena menor).

Junto al concepto formal (art. 10: lo que la ley pena), la doctrina construye un concepto material o dogmático: delito es la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible.

Acción: comportamiento humano voluntario (hacer u omitir). No hay acción en los movimientos reflejos, la fuerza irresistible o la inconsciencia absoluta.

Tipicidad: adecuación de la conducta a la descripción legal (tipo penal). Exigencia del principio de legalidad.

Antijuridicidad: contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico y lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Se excluye por las causas de justificación: legítima defensa, estado de necesidad (cuando el mal causado es menor) y cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo (art. 20.4.º, 5.º y 7.º).

Culpabilidad: reprochabilidad personal del hecho al autor. Requiere imputabilidad (se excluye por anomalía o alteración psíquica, intoxicación plena o alteraciones en la percepción: art. 20.1.º a 3.º, y por la minoría de edad penal), conocimiento de la antijuridicidad (error de prohibición, art. 14.3) y exigibilidad de otra conducta (se excluye por el miedo insuperable, art. 20.6.º).

Punibilidad: condiciones objetivas de punibilidad y excusas absolutorias (p. ej. la exención del que desiste voluntariamente, art. 16.2).

Otros conceptos que caen en el examen: sujeto activo (quien realiza la acción típica), sujeto pasivo (titular del bien jurídico protegido), objeto material (la persona o cosa sobre la que recae la conducta) y objeto jurídico o bien jurídico (el interés protegido por la norma). Hay delitos comunes (cualquiera puede ser autor) y especiales (exigen una cualidad, p. ej. ser autoridad o funcionario).

El iter criminis va de la fase interna (ideación, impune: el pensamiento no delinque) a la fase externa: actos preparatorios, ejecución (tentativa) y consumación. Son punibles el delito consumado y la tentativa (art. 15).

Actos preparatorios punibles: solo se castigan en los casos especialmente previstos por la ley. Conspiración: dos o más personas se conciertan para ejecutar un delito y resuelven ejecutarlo (art. 17.1). Proposición: el que ha resuelto cometer un delito invita a otro u otros a participar (art. 17.2). Provocación: incitación directa por imprenta, radiodifusión u otro medio de eficacia semejante que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas (art. 18.1). Si a la provocación sigue el delito, se castiga como inducción.

Apología: exposición ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor; solo es delictiva como forma de provocación y si constituye incitación directa a cometer un delito (art. 18.1).

Tentativa (art. 16.1): el sujeto da principio a la ejecución directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y este no se produce por causas independientes de su voluntad. La doctrina distingue tentativa acabada (todos los actos) e inacabada (parte de ellos). Pena: inferior en uno o dos grados a la del consumado, según el peligro inherente al intento y el grado de ejecución (art. 62).

Desistimiento (art. 16.2 y 3): queda exento de responsabilidad por el delito intentado quien evita voluntariamente la consumación, desistiendo de la ejecución ya iniciada o impidiendo el resultado, sin perjuicio de responder por los actos ya ejecutados si constituyen otro delito. Si intervienen varios, quedan exentos los que desistan e impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación.

Consumación: realización completa del tipo. La ley, cuando establece una pena, se entiende que la impone a los autores de la infracción consumada (art. 61).

Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices (art. 27).

Autores (art. 28): quienes realizan el hecho por sí solos (autor directo), conjuntamente (coautores) o por medio de otro del que se sirven como instrumento (autor mediato). También se consideran autores los inductores (inducen directamente a otro a ejecutarlo) y los cooperadores necesarios (cooperan con un acto sin el cual no se habría efectuado).

Cómplices (art. 29): cooperan a la ejecución con actos anteriores o simultáneos no comprendidos en el art. 28. Pena: inferior en grado a la de los autores (art. 63).

Delitos cometidos con medios o soportes de difusión mecánicos (art. 30): no responden ni los cómplices ni los favorecedores; los autores responden de forma escalonada, excluyente y subsidiaria: 1.º quienes redactaron el texto o produjeron el signo y sus inductores; 2.º directores de la publicación o programa; 3.º directores de la empresa editora, emisora o difusora; 4.º directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.

Actuar en nombre de otro (art. 31): el administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o quien actúe en representación de otro, responde personalmente aunque las cualidades del tipo concurran solo en la entidad o persona representada.

Personas jurídicas (art. 31 bis): responden, en los supuestos previstos en el Código, de los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta y en su beneficio directo o indirecto a) por sus representantes legales o quienes tienen facultades de decisión, organización y control, o b) por quienes, sometidos a su autoridad, cometieron el delito por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control. Quedan exentas si antes del delito habían adoptado y ejecutado eficazmente modelos de organización y gestión (compliance). Su responsabilidad es exigible aunque la persona física no haya sido individualizada (art. 31 ter).

Atenuantes de la persona jurídica (art. 31 quater), siempre posteriores al delito: confesar antes de conocer el procedimiento, colaborar aportando pruebas nuevas y decisivas, reparar el daño antes del juicio oral y establecer medidas eficaces de prevención antes del juicio oral.

No se aplica a: el Estado, las Administraciones públicas territoriales e institucionales, Organismos Reguladores, Agencias y Entidades públicas Empresariales, organizaciones internacionales de derecho público ni a las que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas (art. 31 quinquies). A las sociedades mercantiles públicas que ejecutan políticas públicas o prestan servicios de interés económico general solo se les pueden imponer multa e intervención judicial.

Conceptos penales (art. 24): autoridad es quien por sí solo o como miembro de una corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia (en todo caso, miembros del Congreso, Senado, Asambleas autonómicas y Parlamento Europeo, y funcionarios del Ministerio Fiscal y Fiscales de la Fiscalía Europea). Funcionario público es quien por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente participa en el ejercicio de funciones públicas.

Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo al Código Penal (art. 19). Si cometen un hecho delictivo, podrán responder conforme a la ley reguladora de la responsabilidad penal del menor.

La LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se aplica a las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho (art. 1). Son competentes los Jueces de Menores del lugar de comisión; en terrorismo (arts. 571 a 580 CP), el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional (art. 2).

A los menores de catorce años no se les exige responsabilidad con arreglo a esa ley, sino que se les aplican las normas de protección de menores del Código Civil; el Ministerio Fiscal remite testimonio a la entidad pública de protección (art. 3).

Al mayor de dieciocho y menor de veintiuno podrán aplicársele las disposiciones de la ley del menor en los casos y con los requisitos que esta disponga (art. 69 CP).

Otras edades relevantes en el CP: el tercer grado por razones humanitarias puede acordarse para septuagenarios (art. 36.4) y los penados que cumplan setenta años pueden obtener la libertad condicional sin haber extinguido las fracciones de condena exigidas (art. 91).

1.º Anomalía o alteración psíquica que impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no exime si fue provocado por el sujeto con el propósito de delinquir o si hubiera previsto o debido prever su comisión.

2.º Intoxicación plena por alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos u otras de efectos análogos, siempre que no haya sido buscada con el propósito de cometer el delito ni se hubiese previsto o debido prever su comisión, o síndrome de abstinencia por dependencia, que le impida comprender la ilicitud o actuar conforme a ella.

3.º Alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia que alteren gravemente la conciencia de la realidad.

4.º Legítima defensa de la persona o derechos propios o ajenos con tres requisitos: Primero, agresión ilegítima (en defensa de bienes, ataque que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes; en defensa de la morada, la entrada indebida); Segundo, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; Tercero, falta de provocación suficiente por parte del defensor.

5.º Estado de necesidad: para evitar un mal propio o ajeno se lesiona un bien jurídico de otro o se infringe un deber, con tres requisitos: que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar; que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto; y que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

6.º Miedo insuperable.

7.º Cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo (relevante para la actuación policial: uso proporcionado de la fuerza).

En los supuestos de los tres primeros números se aplicarán, en su caso, medidas de seguridad. La exención de los números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 6.º no comprende la responsabilidad civil (art. 118): no la excluyen ni la legítima defensa ni el cumplimiento del deber.

Cuando no concurren todos los requisitos se aprecia eximente incompleta (atenuante del art. 21.1.ª), con pena inferior en uno o dos grados (art. 68).

Atenuantes (art. 21): 1.ª eximentes incompletas; 2.ª grave adicción a las sustancias del art. 20.2.º; 3.ª arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante por causas o estímulos poderosos; 4.ª confesión a las autoridades antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él; 5.ª reparación del daño o disminución de sus efectos en cualquier momento del procedimiento y antes del juicio oral; 6.ª dilación extraordinaria e indebida no atribuible al inculpado y desproporcionada con la complejidad de la causa; 7.ª analógica (cualquier otra de análoga significación).

Agravantes (art. 22): 1.ª alevosía (medios, modos o formas que aseguran la ejecución sin riesgo por la defensa del ofendido; solo en delitos contra las personas); 2.ª disfraz, abuso de superioridad o aprovechamiento de circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otros; 3.ª precio, recompensa o promesa; 4.ª motivos discriminatorios (racistas, antisemitas, antigitanos, ideología, religión, etnia, sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, aporofobia o exclusión social, enfermedad o discapacidad), concurran o no efectivamente en la víctima; 5.ª ensañamiento (aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento); 6.ª abuso de confianza; 7.ª prevalerse del carácter público; 8.ª reincidencia.

Reincidencia: al delinquir, el culpable ha sido condenado ejecutoriamente por un delito del mismo título del Código y de la misma naturaleza. No computan los antecedentes cancelados o cancelables ni los de delitos leves (salvo multirreincidencia de delitos leves). Las condenas firmes de otros Estados de la UE producen efectos de reincidencia salvo cancelación.

Circunstancia mixta de parentesco (art. 23): puede atenuar o agravar según la naturaleza, motivos y efectos del delito; ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente.

Comunicabilidad (art. 65): las circunstancias de naturaleza personal solo afectan a aquellos en quienes concurren; las que consisten en la ejecución material o los medios afectan a quienes las conocían en el momento de la acción o cooperación. Las circunstancias inherentes al delito o ya tenidas en cuenta por la ley al describirlo no se aplican (art. 67).

Reglas de aplicación en delitos dolosos (art. 66): una atenuante → mitad inferior; dos o más atenuantes o una muy cualificada (sin agravantes) → inferior en uno o dos grados; una o dos agravantes → mitad superior; más de dos agravantes sin atenuantes → superior en grado en su mitad inferior; multirreincidencia (al menos tres condenas del mismo título y naturaleza) → superior en grado; ni atenuantes ni agravantes → la extensión adecuada; concurrencia de ambas → compensación racional. En delitos leves e imprudentes, prudente arbitrio.

Las penas pueden ser privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa, con carácter principal o accesorio (art. 32). Por su naturaleza y duración se clasifican en graves, menos graves y leves (art. 33).

No se reputan penas (art. 34): la detención y prisión preventiva y demás medidas cautelares penales; las multas y correcciones gubernativas o disciplinarias; y las privaciones de derechos y sanciones reparadoras de las leyes civiles o administrativas.

Privativas de libertad (art. 35): prisión permanente revisable, prisión, localización permanente y responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. La prisión dura de tres meses a veinte años (art. 36.2); la localización permanente, hasta seis meses (art. 37).

Privativas de derechos (art. 39): inhabilitación absoluta, inhabilitaciones especiales, suspensión de empleo o cargo público, privación del derecho a conducir, privación de la tenencia y porte de armas, privación del derecho a residir o acudir a lugares, prohibición de aproximarse, prohibición de comunicarse, trabajos en beneficio de la comunidad y privación de la patria potestad. Duraciones (art. 40): inhabilitación absoluta 6 a 20 años; especial 3 meses a 20 años; suspensión 3 meses a 6 años; conducir y armas 3 meses a 10 años; residir hasta 10 años; aproximarse/comunicarse 1 mes a 10 años; TBC 1 día a 1 año (máximo 8 horas diarias y siempre con consentimiento del penado, art. 49).

Multa (art. 50): por el sistema de días-multa, de 10 días a 2 años (personas jurídicas hasta 5 años); cuota diaria de 2 a 400 € (personas jurídicas 30 a 5.000 €); meses de 30 días y años de 360. Impago: un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas (art. 53); no se impone a condenados a prisión superior a cinco años.

Penas accesorias: la prisión igual o superior a diez años lleva consigo la inhabilitación absoluta (art. 55); en las inferiores a diez años el juez impone alguna de: suspensión de empleo, inhabilitación especial para sufragio pasivo o inhabilitación especial relacionada con el delito (art. 56). En los delitos del art. 57 (homicidio, lesiones, libertad, torturas, libertad sexual...) pueden imponerse las prohibiciones del art. 48 hasta 10 años (delito grave) o 5 (menos grave).

Penas de las personas jurídicas (art. 33.7), todas graves: multa por cuotas o proporcional; disolución; suspensión de actividades (máx. 5 años); clausura de locales (máx. 5 años); prohibición de actividades (temporal máx. 15 años, o definitiva); inhabilitación para subvenciones y contratos públicos (máx. 15 años); intervención judicial (máx. 5 años).

Abono (art. 58): el tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente se abona en su totalidad; nunca un mismo periodo puede abonarse en más de una causa.

Grados: a los autores de tentativa, pena inferior en uno o dos grados (art. 62); a los cómplices, inferior en grado (art. 63). Pena superior en grado: se parte del máximo y se le suma la mitad (el mínimo es el máximo + 1 día). Pena inferior en grado: se parte del mínimo y se le resta la mitad (el máximo es el mínimo − 1 día) (art. 70). La inferior en grado a la prisión permanente revisable es prisión de 20 a 30 años.

Si procede imponer una prisión inferior a tres meses, se sustituye por multa, trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente (art. 71.2).

Concurso real (art. 73): se imponen todas las penas para su cumplimiento simultáneo si es posible; si no, sucesivo por orden de gravedad (art. 75). Límite (art. 76): el triple de la pena más grave, sin exceder de 20 años, que se eleva a 25, 30 o 40 años según las penas de los delitos.

Delito continuado (art. 74): pluralidad de acciones en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión que infringen el mismo precepto o preceptos semejantes → pena de la infracción más grave en su mitad superior. Excluido para bienes eminentemente personales (salvo honor y libertad e indemnidad sexuales sobre el mismo sujeto pasivo).

Concurso ideal (un solo hecho, dos o más delitos) y medial (uno es medio necesario para cometer el otro) (art. 77).

Suspensión de la ejecución (arts. 80 y ss.): penas privativas de libertad no superiores a dos años; requisitos: delinquir por primera vez, pena o suma no superior a dos años y satisfacción de responsabilidades civiles. Plazo: 2 a 5 años (penas leves: 3 meses a 1 año). Para dependientes de drogas, penas no superiores a cinco años (plazo de 3 a 5 años).

Sustitución por expulsión (art. 89): penas de prisión de más de un año impuestas a un extranjero; prohibición de regreso de 5 a 10 años.

Libertad condicional (art. 90): tercer grado, tres cuartas partes extinguidas y buena conducta; excepcionalmente dos terceras partes o incluso la mitad (primera condena no superior a tres años, no aplicable a delitos contra la libertad e indemnidad sexuales). Prisión permanente revisable: suspensión tras 25 años (art. 92).

Medidas de seguridad (arts. 95 y ss.): las aplica el Juez o Tribunal cuando el sujeto ha cometido un hecho previsto como delito y existe un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de cometer nuevos delitos. Privativas de libertad: internamiento en centro psiquiátrico, en centro de deshabituación y en centro educativo especial. No privativas: inhabilitación profesional, expulsión de extranjeros no residentes legalmente, libertad vigilada, custodia familiar, privación del derecho a conducir y privación de la tenencia y porte de armas.

Correspondencia: al exento por 20.1.º (anomalía) → internamiento para tratamiento médico o educación especial; por 20.2.º (intoxicación) → centro de deshabituación; por 20.3.º (alteraciones de la percepción) → centro educativo especial. El internamiento no puede exceder del tiempo que habría durado la pena (arts. 101-103). El Juez de Vigilancia eleva propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión al menos anualmente (art. 98).

Responsabilidad civil (art. 109 y ss.): la ejecución de un hecho delictivo obliga a reparar los daños y perjuicios. Comprende restitución, reparación del daño e indemnización de perjuicios materiales y morales (art. 110). El perjudicado puede optar por reclamarla en la jurisdicción civil. Toda persona criminalmente responsable lo es también civilmente si se derivan daños (art. 116).

Responsabilidad civil subsidiaria del Estado y demás entes públicos por los daños causados por autoridades, agentes o funcionarios en el ejercicio de sus cargos, cuando la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos (art. 121).

Costas: se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito (art. 123). Orden de imputación de pagos (art. 126): 1.º reparación e indemnización; 2.º indemnización al Estado por gastos; 3.º costas del acusador particular; 4.º demás costas; 5.º multa.

Causas (art. 130): muerte del reo; cumplimiento de la condena; remisión definitiva de la pena; amnistía o indulto; perdón del ofendido (solo en delitos leves perseguibles a instancia del agraviado o cuando la ley lo prevea, expreso y antes de la sentencia; no extingue en delitos contra menores o personas con discapacidad que afecten a bienes eminentemente personales); prescripción del delito; prescripción de la pena o medida de seguridad. La transformación, fusión o absorción de una persona jurídica no extingue su responsabilidad.

Prescripción del delito (art. 131): 20 años si la pena máxima es prisión de 15 o más años; 15 si es inhabilitación de más de 10 años o prisión de más de 10 y menos de 15; 10 si es prisión o inhabilitación de más de 5 y hasta 10; 5 los demás; 1 año los delitos leves y los de injurias y calumnias. No prescriben los delitos de lesa humanidad, genocidio y contra personas y bienes protegidos en conflicto armado (salvo art. 614), ni los de terrorismo que hubieran causado la muerte de una persona.

Cómputo (art. 132): desde el día de la comisión; en delito continuado, desde la última infracción; en delito permanente, desde que se eliminó la situación ilícita. Si la víctima es menor de 18 años, en determinados delitos desde la mayoría de edad; y en tentativa de homicidio, lesiones de los arts. 149 y 150, maltrato habitual, delitos contra la libertad sexual y trata, desde que la víctima cumpla 35 años.

Prescripción de la pena (art. 133): 30 años (prisión de más de 20); 25 (prisión de 15 a 20); 20 (inhabilitación de más de 10 y prisión de más de 10 y menos de 15); 15 (inhabilitación de más de 6 hasta 10 y prisión de más de 5 hasta 10); 10 (restantes graves); 5 (menos graves); 1 año (leves). Medidas de seguridad (art. 135): 10 años si son privativas de libertad superiores a tres años; 5 en los demás casos.

Cancelación de antecedentes (art. 136): 6 meses penas leves; 2 años penas que no excedan de 12 meses y delitos imprudentes; 3 años restantes menos graves inferiores a 3 años; 5 años menos graves iguales o superiores a 3 años; 10 años penas graves. La cancela el Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte.

Vigencia temporal: la ley penal rige para los hechos cometidos durante su vigencia (irretroactividad: arts. 1.1 y 2.1 CP, 9.3 y 25.1 CE). Excepción: tienen efecto retroactivo las leyes penales que favorezcan al reo, aunque haya sentencia firme y el sujeto esté cumpliendo condena; en caso de duda se oye al reo. Las leyes temporales se aplican a los hechos cometidos durante su vigencia salvo disposición expresa en contrario (art. 2.2).

Momento de comisión (art. 7): a efectos de determinar la ley aplicable en el tiempo, el delito se considera cometido en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar (no cuando se produce el resultado).

Vigencia espacial (art. 23 LOPJ): principio de territorialidad — corresponde a la jurisdicción española el conocimiento de los delitos cometidos en territorio español o a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de los tratados internacionales.

Principio de personalidad (art. 23.2 LOPJ): delitos cometidos fuera por españoles (o extranjeros que adquirieron después la nacionalidad española) si el hecho es punible en el lugar de ejecución (salvo tratado), el agraviado o el Ministerio Fiscal interponen querella y el delincuente no ha sido absuelto, indultado o penado en el extranjero.

Principio real o de protección (art. 23.3 LOPJ): delitos cometidos fuera por españoles o extranjeros contra intereses del Estado: traición y contra la paz o independencia del Estado; contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente; rebelión y sedición; falsificación de firma o estampilla reales, sello del Estado, firmas de los Ministros y sellos públicos; falsificación de moneda española; otras falsificaciones contra el crédito del Estado; atentado contra autoridades o funcionarios españoles; delitos de funcionarios españoles residentes en el extranjero y contra la Administración Pública española; control de cambios.

Principio de justicia universal (art. 23.4 LOPJ): genocidio, lesa humanidad, tortura, desaparición forzada, piratería, terrorismo, tráfico de drogas, trata, delitos sexuales contra menores, etc., siempre que se den las conexiones que exige la ley (procedimiento contra un español, víctima española, residencia habitual en España...).