1. Derecho procesal penal, jurisdicción y competencia
El Derecho procesal penal es el conjunto de normas que regulan el proceso por el que el Estado investiga los delitos, enjuicia a sus presuntos responsables y ejecuta lo resuelto. Su norma básica es la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim, 1882), completada por la LOPJ (organización de los tribunales) y por la Constitución (arts. 17, 24, 117 y ss.).
Jurisdicción es la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Según el art. 117 CE, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley; la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes; la unidad jurisdiccional es la base de su organización y se prohíben los Tribunales de excepción.
La jurisdicción se extiende a todas las personas, materias y territorio (art. 4 LOPJ), es improrrogable y su falta se aprecia de oficio (art. 9.6). El orden penal conoce de las causas criminales salvo las de la jurisdicción militar (art. 9.3) y es siempre preferente: nadie le puede plantear conflicto de competencia (art. 44).
Extensión de la jurisdicción penal española (art. 23 LOPJ): territorialidad (delitos en España o a bordo de buques o aeronaves españoles); personalidad (españoles en el extranjero, si hay doble incriminación, querella del agraviado o del Fiscal y no han sido absueltos, indultados o penados allí); protección o real (traición, contra la Corona, falsificación de moneda española, etc.) y justicia universal (genocidio, terrorismo, trata, etc., con condiciones). Los del 23.3 y 23.4 exigen querella del agraviado o del Fiscal.
Competencia es la medida de la jurisdicción que corresponde a cada órgano. Objetiva (por la pena: art. 14 LECrim), territorial (fuero del lugar de comisión; si no consta, el art. 15 ordena: pruebas materiales → aprehensión → residencia → cualquiera que tenga noticia; en violencia sobre la mujer, el domicilio de la víctima, art. 15 bis) y por conexión (arts. 17 y 18: cada delito una causa, pero los conexos se juzgan juntos; competente el del delito con pena mayor, si igual pena el que primero comenzó).
Cuestiones y conflictos: las cuestiones de competencia dentro de un mismo orden las resuelve el superior común (art. 51 LOPJ) y no caben entre órganos subordinados (art. 52); los conflictos de competencia entre órdenes distintos, una Sala especial del TS (art. 42). Las pruebas obtenidas violentando derechos fundamentales no surten efecto (art. 11.1 LOPJ).
art. 117 CE · Constitución Española arts. 9, 23, 44 LOPJ · Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. arts. 14-18 LECrim · Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.