Tema 21. Derecho Procesal Penal, detención, habeas corpus y Policía Judicial

El Derecho procesal penal es el conjunto de normas que regulan el proceso por el que el Estado investiga los delitos, enjuicia a sus presuntos responsables y ejecuta lo resuelto. Su norma básica es la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim, 1882), completada por la LOPJ (organización de los tribunales) y por la Constitución (arts. 17, 24, 117 y ss.).

Jurisdicción es la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Según el art. 117 CE, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley; la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes; la unidad jurisdiccional es la base de su organización y se prohíben los Tribunales de excepción.

La jurisdicción se extiende a todas las personas, materias y territorio (art. 4 LOPJ), es improrrogable y su falta se aprecia de oficio (art. 9.6). El orden penal conoce de las causas criminales salvo las de la jurisdicción militar (art. 9.3) y es siempre preferente: nadie le puede plantear conflicto de competencia (art. 44).

Extensión de la jurisdicción penal española (art. 23 LOPJ): territorialidad (delitos en España o a bordo de buques o aeronaves españoles); personalidad (españoles en el extranjero, si hay doble incriminación, querella del agraviado o del Fiscal y no han sido absueltos, indultados o penados allí); protección o real (traición, contra la Corona, falsificación de moneda española, etc.) y justicia universal (genocidio, terrorismo, trata, etc., con condiciones). Los del 23.3 y 23.4 exigen querella del agraviado o del Fiscal.

Competencia es la medida de la jurisdicción que corresponde a cada órgano. Objetiva (por la pena: art. 14 LECrim), territorial (fuero del lugar de comisión; si no consta, el art. 15 ordena: pruebas materiales → aprehensión → residencia → cualquiera que tenga noticia; en violencia sobre la mujer, el domicilio de la víctima, art. 15 bis) y por conexión (arts. 17 y 18: cada delito una causa, pero los conexos se juzgan juntos; competente el del delito con pena mayor, si igual pena el que primero comenzó).

Cuestiones y conflictos: las cuestiones de competencia dentro de un mismo orden las resuelve el superior común (art. 51 LOPJ) y no caben entre órganos subordinados (art. 52); los conflictos de competencia entre órdenes distintos, una Sala especial del TS (art. 42). Las pruebas obtenidas violentando derechos fundamentales no surten efecto (art. 11.1 LOPJ).

Tras la reforma de la LOPJ, ejercen la potestad jurisdiccional (art. 26): jueces de paz, Tribunales de Instancia, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Central de Instancia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Territorialmente el Estado se organiza en municipios, partidos, provincias y CCAA (art. 30).

Tribunal Supremo (Madrid): superior en todos los órdenes salvo garantías constitucionales. Su Sala Segunda (Penal) conoce de la casación y revisión y de las causas contra los grandes aforados: Presidente del Gobierno, presidentes de las Cámaras, Diputados y Senadores, miembros del Gobierno, Fiscal General del Estado, Defensor del Pueblo, etc. (art. 57). El instructor designado no forma parte de la Sala que enjuicia.

Audiencia Nacional (Madrid, jurisdicción en toda España). Salas: Apelación, Penal, Contencioso-Administrativo y Social (no tiene Sala Civil). La Sala de lo Penal enjuicia delitos contra la Corona y altos organismos, falsificación de moneda por organizaciones, grandes defraudaciones, tráfico de drogas por bandas con efectos en distintas Audiencias, delitos cometidos fuera del territorio nacional, y resuelve la extradición pasiva (art. 65).

Tribunal Superior de Justicia (una por CA). Su Sala de lo Civil y Penal instruye y falla las causas contra jueces, magistrados y fiscales por delitos en el ejercicio del cargo en la comunidad y las causas que reserven los Estatutos, y resuelve la apelación contra las sentencias de las Audiencias Provinciales (art. 73).

Audiencia Provincial (capital de provincia): enjuicia los delitos no atribuidos a las Secciones de lo Penal (pena superior a 5 años) y resuelve recursos contra las Secciones de Instrucción y de lo Penal; en delitos leves, con un solo magistrado (art. 82). El Jurado se celebra en su ámbito (art. 83).

Tribunales de Instancia (uno por partido judicial, art. 84): Sección de Instrucción (instruye, juzga delitos leves, conoce del habeas corpus, autoriza el internamiento de extranjeros, art. 88), Sección de lo Penal (enjuicia delitos con pena de hasta 5 años, art. 14.3 LECrim), Secciones de Violencia sobre la Mujer y de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (si coinciden, prevalece la de Violencia sobre la Mujer), Menores y Vigilancia Penitenciaria.

Tribunal Central de Instancia (Madrid): su Sección de Instrucción instruye las causas de la AN y tramita las órdenes europeas de detención y la extradición pasiva (art. 95). Jueces de paz: en municipios sin Tribunal de Instancia; en lo penal, delitos leves que les atribuya la ley (arts. 99-100).

La denuncia es la declaración por la que se pone en conocimiento de la autoridad la comisión de un hecho que puede ser delito. A diferencia de la querella (que exige procurador y letrado y convierte al querellante en parte, art. 277), el denunciante no está obligado a probar los hechos ni a formalizar querella (art. 264).

Obligación de denunciar: quien presencie un delito público debe ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez o del fiscal más próximo, bajo multa de 25 a 250 pesetas (art. 259). Quienes lo conozcan por razón de su cargo, profesión u oficio deben denunciarlo inmediatamente (art. 262); si es un profesional de la medicina, cirugía o farmacia, la multa es de 125 a 250 pesetas. Quien lo conozca por cualquier otro medio también debe denunciarlo (art. 264).

Exentos: los impúberes y quienes no gocen del pleno uso de su razón (art. 260); el cónyuge no separado (o pareja análoga), ascendientes, descendientes y colaterales hasta el 2.º grado (art. 261), salvo en delitos contra la vida, homicidio, lesiones de los arts. 149-150, maltrato habitual, libertad sexual o trata cuando la víctima sea menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección; abogados y procuradores respecto de lo que les confíen sus clientes y ministros de culto respecto de lo conocido en su ministerio (art. 263).

Forma: por escrito o de palabra, personalmente o por mandatario con poder especial (art. 265). La verbal se recoge en acta firmada por el funcionario y el denunciante (art. 267). Se hará constar la identidad del denunciante y se le dará resguardo si lo exige (art. 268). No cabe denuncia telemática si hubo violencia o intimidación, hay autor conocido o testigos, el denunciante es menor, el delito es flagrante o los hechos son violentos o sexuales (art. 266).

Recibida, se comprueba el hecho salvo que no sea delito o la denuncia sea manifiestamente falsa (art. 269). Los atestados de la Policía Judicial se consideran denuncias (art. 297). El Fiscal también puede recibir denuncias, remitirlas al juez o archivarlas notificándolo al denunciante (art. 5 EOMF).

La detención es una medida cautelar personal y provisional que priva de libertad a una persona por su presunta participación en un delito, para ponerla a disposición judicial. Nadie puede ser detenido sino en los casos y en la forma previstos en la ley (art. 17.1 CE y 489 LECrim).

Duración: no más del tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones y, en todo caso, 72 horas máximo para poner al detenido en libertad o a disposición judicial (art. 17.2 CE y 520.1 LECrim). El particular, autoridad o agente que detenga debe entregarlo al juez más próximo en 24 horas (art. 496). El juez de la causa eleva la detención a prisión o la deja sin efecto en 72 horas desde la entrega (art. 497).

Terrorismo y bandas armadas (art. 384 bis): puesta a disposición en 72 horas, prorrogable hasta 48 horas más, si se pide motivadamente en las primeras 48 horas y el juez la autoriza en 24 horas (art. 520 bis). La incomunicación la decide el juez en 24 horas y, solicitada, el detenido queda incomunicado mientras tanto. Los detenidos en espacios marinos (art. 520 ter): máximo 72 horas, con posible puesta a disposición telemática.

Incomunicación (art. 509): la acuerda el juez por resolución motivada, como máximo 5 días (prorrogables otros 5 en terrorismo o delincuencia organizada). Nunca pueden ser incomunicados los menores de 16 años.

Delitos leves (art. 495): no se detiene, salvo que el presunto reo no tenga domicilio conocido ni dé fianza bastante. La citación es la regla para oír al investigado (art. 486); si no comparece sin causa, la citación se convierte en orden de detención (art. 487). Los Diputados y Senadores solo pueden ser detenidos en flagrante delito (art. 71.2 CE).

La detención puede desembocar en prisión provisional, que solo acuerda el juez (art. 502) tras audiencia en las 72 horas siguientes a la puesta a disposición (art. 505), con pena máxima del delito igual o superior a 2 años como regla (art. 503) y plazos máximos de 1 o 2 años según la pena (6 meses si es para proteger pruebas, art. 504).

Cualquier persona puede detener (art. 490 LECrim) en siete casos: 1.º al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo; 2.º al delincuente in fraganti; 3.º al que se fugare del establecimiento penal donde extingue condena; 4.º al que se fugare de la cárcel esperando traslado al lugar de cumplimiento; 5.º al que se fugare al ser conducido a dicho lugar; 6.º al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente; 7.º al procesado o condenado en rebeldía. El particular justificará, si el detenido lo exige, que obró con motivos racionalmente suficientes (art. 491).

La Autoridad o agente de Policía Judicial tiene obligación de detener (art. 492): 1.º a quien esté en los casos del art. 490; 2.º al procesado por delito con pena superior a la de prisión correccional; 3.º al procesado por delito con pena inferior si sus antecedentes o las circunstancias hacen presumir que no comparecerá (salvo que preste fianza bastante en el acto); 4.º al no procesado en el caso anterior si hay motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia del delito y en su participación.

Si no procede detener, el agente toma nota de nombre, apellidos, domicilio y circunstancias de identificación y la entrega al juez (art. 493). El juez también acuerda la detención de los del art. 492 a prevención con la Policía Judicial (art. 494).

Destino del detenido: si es el juez propio de la causa, resuelve en 72 horas (art. 497); si es otro juez, extiende diligencia y lo remite (art. 498) o practica las primeras diligencias y resuelve (art. 499); los fugados condenados se remiten de inmediato al establecimiento de cumplimiento (art. 500). El auto se comunica al Fiscal y se notifica al querellante y al procesado (art. 501).

Los miembros de las FCS deben intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallen o no de servicio (art. 5.4 LOFCS).

Según el art. 17.3 CE, todo detenido debe ser informado de forma inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no puede ser obligado a declarar y tiene garantizada la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales.

El art. 520.2 LECrim exige informar por escrito, en lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata de los hechos, de las razones de la privación de libertad y de estos derechos: a) guardar silencio, no contestar alguna pregunta o declarar solo ante el juez; b) no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable; c) designar abogado y ser asistido sin demora (si hay lejanía, por teléfono o videoconferencia); d) acceder a los elementos esenciales para impugnar la detención; e) que se comunique a un familiar o persona que desee la detención y el lugar de custodia (y a la oficina consular si es extranjero); f) llamar por teléfono a un tercero, en presencia de un funcionario; g) ser visitado por las autoridades consulares; h) intérprete gratuito (extranjeros, personas sordas o con dificultades del lenguaje); i) reconocimiento por el médico forense; j) solicitar asistencia jurídica gratuita. También se le informa del plazo máximo de detención y de cómo impugnarla (habeas corpus).

Puede conservar la declaración escrita de derechos durante toda la detención. Si no la hay en su lengua, se le informa por intérprete y luego se le entrega por escrito. Información adaptada a edad, madurez y discapacidad (520.2 bis). Extranjero: se comunica al cónsul; con doble nacionalidad, elige consulado (520.3). Menor: a disposición de la Fiscalía de Menores y aviso a quien ejerza la patria potestad; si hay conflicto de intereses, defensor judicial; menor extranjero: aviso de oficio al cónsul (520.4).

Abogado (520.5-8): designación libre o de oficio, sin recomendaciones de los agentes; comunicación inmediata al Colegio; el abogado debe llegar en 3 horas o el Colegio nombra otro. Su asistencia: pedir la información de derechos y el reconocimiento médico, intervenir en declaraciones, reconocimientos y reconstrucciones, informar de las consecuencias de consentir diligencias (ante la negativa al frotis bucal de ADN, el juez puede imponerlo coactivamente a instancia de la PJ o el Fiscal) y entrevistarse reservadamente, incluso antes de declarar. Comunicaciones confidenciales. Solo cabe renunciar al abogado en delitos exclusivamente contra la seguridad del tráfico (revocable).

Restricciones en la incomunicación (art. 527): puede privarse de designar abogado de confianza, de comunicarse con terceros (nunca con juez, fiscal y médico forense), de la entrevista reservada y del acceso a las actuaciones (salvo lo esencial para impugnar la detención). Si lo piden la PJ o el Fiscal, se entienden acordadas hasta 24 horas mientras el juez resuelve. Al menos dos reconocimientos médicos cada 24 horas.

Trato (arts. 521-526): separación de detenidos (no mezclar sexos; jóvenes y no reincidentes aparte); pueden procurarse comodidades a su costa; visitas de ministro de su religión, médico o parientes si no perjudican el sumario; nunca se impide escribir a los funcionarios superiores del orden judicial; medidas extraordinarias de seguridad solo por desobediencia, violencia, rebelión o intento de fuga, y temporales; el juez visita las prisiones una vez por semana sin previo aviso.

Previsto en el art. 17.4 CE y regulado por la LO 6/1984, de 24 de mayo: permite obtener la inmediata puesta a disposición judicial de cualquier persona detenida ilegalmente. Principios (exposición de motivos): agilidad (24 horas), sencillez (sin abogado ni procurador, comparecencia verbal), generalidad (nadie escapa al control, ni la autoridad militar; pluralidad de legitimados) y universalidad (detenciones ilegales en origen y las que se prolongan o transcurren en condiciones ilegales).

Detención ilegal (art. 1): a) por autoridad, agente, funcionario o particular sin supuestos legales o sin las formalidades; b) internamiento ilícito en cualquier establecimiento; c) por plazo superior al legal sin libertad ni entrega al juez más próximo; d) privados de libertad a quienes no se respetan sus derechos.

Competencia (art. 2): Juez de Instrucción del lugar donde se encuentre el privado de libertad; si no consta, el del lugar de la detención; en su defecto, el del lugar de las últimas noticias. Detenciones del art. 55.2 CE (terrorismo): Juez Central de Instrucción. Jurisdicción militar: Juez Togado Militar de Instrucción de la cabecera de la circunscripción. Hoy lo tramitan las Secciones de Instrucción (art. 88 LOPJ).

Legitimados (art. 3): el privado de libertad, su cónyuge o pareja análoga, descendientes, ascendientes y hermanos, los representantes legales de menores y la persona de apoyo de personas con discapacidad; el Ministerio Fiscal; el Defensor del Pueblo; el abogado defensor; y de oficio el juez.

Procedimiento: escrito o comparecencia sin abogado ni procurador con los datos del art. 4; la autoridad que custodia debe comunicar inmediatamente la solicitud al juez (art. 5); el juez da traslado al Fiscal y, por auto, incoa o deniega (sin recurso, art. 6); ordena que le presenten al detenido o se desplaza, oye al detenido, a su abogado, al Fiscal y a los agentes, admite pruebas y resuelve en 24 horas desde el auto de incoación (art. 7).

Resolución (art. 8): archivo (detención conforme a Derecho) o, si es ilegal, libertad, continuación de la privación en otro establecimiento o bajo otra custodia, o puesta a disposición judicial inmediata si ya venció el plazo. Se deduce testimonio por los delitos de quienes ordenaron o custodiaron la detención y, en su caso, por denuncia falsa; costas al solicitante si hay temeridad o mala fe (art. 9).

1. Momento de la detención. El agente debe identificarse como tal (art. 5.3.a LOFCS), detener solo en los casos legales (arts. 490-495 LECrim) y practicar la detención en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio, velando por su honor, intimidad e imagen también en los traslados (art. 520.1). Debe velar por su vida e integridad física (art. 5.3.b LOFCS).

2. Información de derechos. De forma inmediata y por escrito (art. 520.2), con intérprete si es preciso, entregándole la declaración de derechos, que puede conservar. Comunicaciones obligatorias: Colegio de Abogados (inmediata), familiar o persona que desee si lo pide, cónsul si es extranjero, Fiscalía de Menores y representantes si es menor.

3. Custodia. Separación de detenidos (art. 521), medidas extraordinarias solo por desobediencia, violencia, rebelión o intento de fuga (art. 525), reconocimiento médico si lo pide, llamada telefónica en presencia de funcionario. Declaración policial con abogado (que llega en 3 horas), salvo renuncia en delitos solo contra la seguridad vial.

4. Atestado. Se extiende con las diligencias practicadas (art. 292) y debe reflejar el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición judicial o libertad (art. 520.1). Se acompaña informe de detenciones anteriores y requisitorias. Lo firma quien lo extiende (art. 293). Las armas y efectos hallados se describen en diligencia (o reportaje gráfico, art. 284.3). Nunca más de 24 horas sin dar cuenta al juez o al Fiscal (art. 295).

5. Fin de la detención. En el tiempo estrictamente necesario y como máximo 72 horas: libertad o puesta a disposición judicial. Si en cualquier momento el detenido o sus allegados instan un habeas corpus, los agentes deben comunicarlo inmediatamente al juez (art. 5 LO 6/1984). Si el juez se presenta a formar el sumario, cesan las diligencias de prevención y se le entregan detenidos y efectos (art. 286).

Según el art. 124 CE, el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, velar por la independencia de los Tribunales y procurar la satisfacción del interés social. Actúa conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica (orgánicos) y con sujeción a los de legalidad e imparcialidad (funcionales). El Fiscal General del Estado lo nombra el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ.

Es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial (art. 2 EOMF). Es único para todo el Estado y el FGE ostenta su jefatura superior (art. 22). Sus miembros son autoridad a todos los efectos (art. 23).

Funciones (art. 3 EOMF), entre otras: velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente; defender la independencia judicial y los derechos fundamentales; ejercitar las acciones penales y civiles derivadas de delito; intervenir en el proceso penal pidiendo medidas cautelares y diligencias, instruir en materia de menores y ordenar diligencias a la Policía Judicial; velar por la protección procesal de víctimas, testigos y peritos; interponer el recurso de amparo; y promover el auxilio judicial internacional.

Facultades (art. 4): pedir información y notificaciones; visitar en cualquier momento centros de detención, penitenciarios o de internamiento de su territorio; requerir el auxilio de las autoridades; dar órdenes e instrucciones a la Policía Judicial; informar a la opinión pública; crear centros de relación con las víctimas.

Investigación (art. 5): puede recibir denuncias (y archivarlas, notificándolo al denunciante) y practicar u ordenar diligencias que no supongan medidas cautelares o limitativas de derechos, aunque puede ordenar la detención preventiva. Sus diligencias gozan de presunción de autenticidad; el sospechoso declara asistido de letrado; duración máxima 6 meses (12 en delitos de la Fiscalía Anticorrupción), prorrogables por decreto del FGE.

Órganos (art. 12): FGE, Consejo Fiscal (FGE, Teniente Fiscal del TS, Fiscal Jefe Inspector y 9 fiscales elegidos por 4 años), Junta de Fiscales de Sala, Junta de Fiscales Superiores, Fiscalías del TS, ante el TC, de la AN, Especiales (Antidroga y contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada), del Tribunal de Cuentas, Jurídico Militar, de las CCAA, Provinciales, de Área y la Unidad de Protección de Datos. El Gobierno se comunica con el Fiscal por conducto del Ministro de Justicia a través del FGE (art. 8).

La Policía Judicial depende de los Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente (art. 126 CE). Su función es el auxilio a juzgados, tribunales y Fiscal y compete, si son requeridos, a todos los miembros de las FCS (estatales, autonómicos y locales, art. 547 LOPJ). Las unidades de Policía Judicial dependen funcionalmente de las autoridades judiciales y fiscales (art. 548) y orgánicamente del Ministerio del Interior (art. 31.1 LOFCS).

Funciones específicas de las unidades (art. 549 LOPJ): averiguar responsables y circunstancias de los delitos y detener a los primeros; auxiliar a jueces y fiscales fuera de su sede; realizar materialmente las actuaciones que exijan coerción; garantizar el cumplimiento de sus órdenes; y otras análogas. No se les pueden encomendar actuaciones ajenas. Sus funcionarios no pueden ser apartados de una investigación sin decisión o autorización del juez o fiscal (art. 550 LOPJ y 34 LOFCS).

LECrim: la Policía Judicial averigua los delitos públicos, practica diligencias, recoge efectos e instrumentos, informa a las víctimas y valora provisionalmente sus necesidades de protección (art. 282). El art. 283 enumera quiénes la constituyen (autoridades de seguridad, policías, alcaldes, Guardia Civil, agentes municipales, guardas jurados, funcionarios de prisiones, agentes judiciales y personal de Tráfico de investigación de accidentes). Cumple las órdenes del Fiscal y del juez sin dilación (art. 287), que pueden entenderse con cualquier funcionario directamente (art. 288); el comportamiento se califica cada semestre (art. 298).

Técnicas especiales: agente encubierto (art. 282 bis: lo autorizan el juez o el Fiscal dando cuenta al juez; identidad otorgada por Interior por 6 meses prorrogables; delincuencia organizada = 3 o más personas; nadie puede ser obligado; agente encubierto informático) y circulación o entrega vigilada (art. 263 bis: juez, Fiscal y jefes de unidades orgánicas de PJ centrales o provinciales).

RD 769/1987: funciones genéricas de PJ para todos los miembros de las FCS (art. 1), que practican las primeras diligencias (art. 4) y cesan cuando se hace cargo el juez o fiscal (art. 5). Policía Judicial en sentido estricto: Unidades Orgánicas de CNP y Guardia Civil (art. 7), de base provincial (art. 9), con investigación criminal permanente y especial (art. 18). Las instrucciones técnicas de los mandos no pueden contradecir las del juez (art. 11); reserva con intercambio interno permitido (art. 15); el juez o fiscal insta la potestad disciplinaria y recompensas (art. 17); antes de abrirse actuación judicial dependen del Fiscal (art. 20); juez y fiscal se entienden directamente con el Jefe de la Unidad (art. 21).

Unidades adscritas a juzgados, tribunales o fiscalías las asigna el Ministerio del Interior con informe favorable o a propuesta del CGPJ (art. 23) y hacen funciones de policía científica (inspecciones oculares, levantamiento de cadáveres, recogida de pruebas…, art. 28). Comisiones de Coordinación: Nacional (preside el Presidente del TS y CGPJ; reunión al menos trimestral) y Provinciales (preside el Presidente de la Audiencia Provincial; reunión mensual). Para destino en unidades orgánicas se exige diploma del Centro de Estudios Judiciales (art. 39).