Tema 22. Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, transpone la Directiva 2012/29/UE (normas mínimas sobre derechos, apoyo y protección de las víctimas) y quiere ser el catálogo general de los derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas. Entró en vigor a los seis meses de su publicación y se aplica a las víctimas desde entonces, sin retroacción de trámites.

Ámbito (art. 1): víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de su nacionalidad, de su edad y de que tengan o no residencia legal.

Víctima directa (art. 2.a): toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio (lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos) directamente causado por un delito. Las personas jurídicas no son víctimas a efectos del Estatuto.

Víctima indirecta (art. 2.b), solo en casos de muerte o desaparición causada directamente por un delito y nunca los responsables: 1.º el cónyuge no separado y los hijos (de la víctima o del cónyuge) que convivieran con ellos; la pareja de hecho y sus hijos convivientes; los progenitores y parientes en línea recta o colateral hasta el 3.er grado bajo su guarda; y las personas bajo su tutela, curatela o acogimiento familiar. 2.º A falta de los anteriores, los demás parientes en línea recta y los hermanos, con preferencia del que ostentara su representación legal.

No se aplica a terceros que sufran perjuicios derivados del delito (art. 2, último párrafo).

Derechos de toda víctima (art. 3): protección, información, apoyo, asistencia, atención y reparación, participación activa en el proceso y un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio, desde el primer contacto con las autoridades hasta un tiempo adecuado después del proceso, se conozca o no al infractor y cualquiera que sea el resultado. Vedadas la mediación y la conciliación en violencia sexual y de género.

Derecho a entender y ser entendida (art. 4) desde antes de denunciar y durante todo el proceso: lenguaje claro, sencillo y accesible; si es menor o con capacidad modificada judicialmente, las comunicaciones se hacen a su representante o a quien le asista; apoyos para hacerse entender (incluida la lengua de signos); y acompañamiento por una persona de su elección desde el primer contacto.

Derecho a la información desde el primer contacto (art. 5), incluso antes de denunciar, sobre: medidas de asistencia y apoyo (y alojamiento alternativo), derecho a denunciar y aportar pruebas, asesoramiento y justicia gratuita, medidas de protección, indemnizaciones, interpretación y traducción, ayudas a la comunicación, ejercicio de derechos si reside fuera de España, recursos, datos de contacto de la autoridad, justicia restaurativa, reembolso de gastos y la posibilidad de ser notificada (designando correo electrónico o, en su defecto, dirección postal). Se actualiza en cada fase.

Derechos como denunciante (art. 6): copia certificada de la denuncia y asistencia lingüística gratuita con traducción escrita de la copia si no entiende las lenguas oficiales del lugar.

Información sobre la causa (art. 7): se le informa de inmediato de la fecha, hora y lugar del juicio y del contenido de la acusación, y se le notifican: a) no iniciar el procedimiento; b) la sentencia; c) prisión, libertad o fuga del infractor; d) medidas cautelares para su seguridad; e) resoluciones que afecten a condenados por delitos violentos con riesgo para ella (Prisiones las comunica al juez); f) las del art. 13. Se envían al correo electrónico (excepcionalmente, por correo ordinario; residentes fuera de la UE sin dirección, a la oficina consular española) con la parte dispositiva y un breve resumen del fundamento.

Puede renunciar a ser informada en cualquier momento (7.2). En violencia de género, las resoluciones de las letras c) y d) se notifican sin necesidad de solicitarlo (salvo renuncia). También puede pedir información sobre el estado del procedimiento, salvo que perjudique la causa.

Período de reflexión (art. 8): en catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos con muchas víctimas, abogados y procuradores no pueden ofrecerles sus servicios hasta pasados 45 días, salvo que la víctima los pida expresamente. Incumplirlo es infracción disciplinaria muy grave.

Traducción e interpretación (art. 9): intérprete gratuito cuando declare ante juez, fiscal o policía o como testigo en el juicio (también personas con limitaciones auditivas o de expresión oral); traducción gratuita de las resoluciones notificadas y de la información esencial; información de fecha, hora y lugar del juicio en una lengua que comprenda. Puede prestarse por videoconferencia; la traducción escrita puede sustituirse excepcionalmente por un resumen oral. La negativa policial a facilitar intérprete se recurre ante el Juez de instrucción (se entiende recurrida si la víctima mostró su disconformidad); la judicial, en apelación.

Acceso a servicios de asistencia y apoyo (art. 10): gratuito y confidencial, prestado por las Administraciones y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas; extensible a familiares en delitos de especial gravedad. Las autoridades deben derivar a la víctima a las Oficinas cuando lo exija la gravedad del delito o lo pida ella. Los hijos menores (y menores bajo tutela o guarda) de víctimas de violencia de género, sexual o doméstica tienen derecho a las medidas de asistencia y protección.

Participación activa (art. 11): ejercer la acción penal y civil conforme a la LECrim y comparecer ante los investigadores para aportar fuentes de prueba. Según el art. 109 bis LECrim puede personarse antes del trámite de calificación; las asociaciones de víctimas pueden ejercer la acción penal si la víctima lo autoriza.

Sobreseimiento (art. 12): se comunica a las víctimas directas que denunciaron y a las demás conocidas (en muerte o desaparición, a las víctimas indirectas; el juez puede prescindir de comunicarlo a todos si ya llegó a varios). La víctima puede recurrirlo sin haberse personado.

Ejecución (art. 13): si pidió ser notificada, puede recurrir, aunque no sea parte: a) el tercer grado antes de cumplir la mitad de la condena (víctimas de homicidio, aborto del 144, lesiones, contra la libertad, tortura e integridad moral, libertad sexual, robo violento, terrorismo y trata); b) la aplicación del art. 78.3 CP; c) la libertad condicional con pena de más de 5 años. Debe anunciar el recurso en 5 días (sin abogado) e interponerlo en 15. Antes de resolver, el Juez de Vigilancia le da 5 días para alegaciones. También puede pedir reglas de conducta para el liberado condicional y aportar información.

Reembolso de gastos (art. 14) con preferencia sobre el Estado, si se condena a su instancia por delitos de los que el Fiscal no acusó o tras revocarse un archivo recurrido por ella. Justicia gratuita (art. 16): la solicitud se presenta ante quien le informa de sus derechos o en las Oficinas, que la remiten al Colegio de Abogados.

Justicia restaurativa (art. 15), cinco requisitos: el infractor reconoce los hechos esenciales; la víctima consiente tras información exhaustiva; el infractor consiente; no hay riesgo para la víctima; y no está prohibida para ese delito. Debates confidenciales, mediadores con secreto profesional y revocable en cualquier momento.

Delitos cometidos en otro Estado de la UE (art. 17): el residente en España puede denunciar aquí; si no hay jurisdicción, se remite la denuncia al Estado competente y se le comunica. Devolución de bienes (art. 18): sin demora, salvo que su conservación sea imprescindible para el proceso y no baste con obligar al propietario a conservarlos, o lo exija una investigación técnica de accidente.

Derecho a la protección (art. 19): las autoridades de investigación, persecución y enjuiciamiento protegen la vida, integridad, libertad, seguridad, libertad e indemnidad sexuales, intimidad y dignidad de la víctima y su familia y evitan la victimización secundaria o reiterada. Con menores, vela especialmente la Fiscalía.

Evitar el contacto víctima-infractor en las dependencias, también en la fase de investigación (art. 20). Durante la investigación (art. 21): declaración sin dilaciones, el menor número de veces posible, acompañada de una persona de su elección (salvo resolución motivada) y reconocimientos médicos solo si son imprescindibles. Intimidad (art. 22): impedir la difusión de datos que identifiquen a víctimas menores o con discapacidad necesitadas de especial protección.

Evaluación individual (art. 23): valora a) las circunstancias personales (discapacidad, dependencia del autor, minoría de edad, especial vulnerabilidad); b) la naturaleza del delito, con especial atención a terrorismo, organización criminal, violencia sobre pareja o familia, libertad sexual, trata, desaparición forzada y delitos de odio; c) las circunstancias del delito (violento). En delitos contra la libertad sexual se aplican siempre las medidas a) a d) del art. 25.1.

Quién evalúa (art. 24): en investigación, el Juez de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer, sin perjuicio de la evaluación provisional del Fiscal o de los funcionarios de policía que actúen en la fase inicial; en enjuiciamiento, el juez o tribunal de la causa. Resolución motivada. Se tienen en cuenta los deseos de la víctima, que puede renunciar a las medidas; se actualiza si cambian las circunstancias; los servicios de asistencia solo ceden la información con su consentimiento.

Fase de investigación (art. 25.1): a) declaración en dependencias adaptadas; b) por profesionales con formación especial (también en perspectiva de género); c) siempre por la misma persona; d) en violencia de género o doméstica, libertad sexual y trata con fines de explotación sexual, por persona del mismo sexo si la víctima lo pide (salvo perjuicio relevante o declaración ante juez o fiscal).

Fase de enjuiciamiento (art. 25.2): a) evitar el contacto visual con el supuesto autor, incluso en la prueba, con tecnologías de la comunicación; b) oír a la víctima sin estar en la sala; c) evitar preguntas sobre su vida privada sin relevancia; d) vista sin público (el juez puede admitir personas con especial interés). Las medidas a) y c) pueden adoptarse también en la investigación. Además, caben las medidas de la LO 19/1994 de protección de testigos y peritos (25.3).

Menores, personas con discapacidad necesitadas de especial protección y víctimas de violencias sexuales (art. 26): declaraciones de la investigación grabadas en vídeo y reproducibles en el juicio; declaración mediante personas expertas. El Fiscal pide un defensor judicial si hay conflicto de intereses con los representantes, si el conflicto es con un progenitor y el otro no puede actuar, o si el menor no está acompañado. En caso de duda sobre la edad, se presume la minoría de edad.

En la LECrim, entre las primeras diligencias está proteger a los ofendidos con las medidas del 544 bis o la orden de protección del 544 ter (art. 13), y los procesos con víctima menor son de tramitación preferente (DA 8.ª).

Oficinas de Asistencia a las Víctimas (art. 27): las organizan el Gobierno y las CCAA con competencias en Justicia; pueden conveniar con entidades sin ánimo de lucro. Asistencia mínima (art. 28.1): información de derechos (y del sistema público de indemnización), de servicios especializados, apoyo emocional, asesoramiento económico y sobre victimización secundaria, y coordinación institucional y con jueces y fiscales. Tras valorar a la víctima pueden ofrecer apoyo psicológico, acompañamiento a juicio, información y derivación a recursos psicosociales y servicios especializados (28.2). No exigen denuncia previa (28.3) y apoyan la justicia restaurativa (art. 29).

Formación (art. 30): Ministerio de Justicia, CGPJ, Fiscalía General y CCAA aseguran formación sobre protección de víctimas a jueces, fiscales, secretarios judiciales, FCS, forenses y personal de las Oficinas; los Colegios de Abogados y Procuradores forman a sus colegiados. Protocolos (art. 31): Gobierno y CCAA. Cooperación con profesionales (art. 32) e internacional, especialmente con la UE (art. 33). Sensibilización y autorregulación de los medios (art. 34).

Obligación de reembolso (art. 35): quien se benefició de ayudas y protección como víctima y es condenado por denuncia falsa o simulación de delito devuelve lo recibido y los gastos causados con el interés legal del dinero aumentado en un 50 %.

Disposiciones: evaluación anual del sistema por el Ministerio de Justicia e informe anual del Gobierno a las Cortes (DA 1.ª); sin incremento de gasto de personal (DA 2.ª); título competencial: legislación penal y procesal (149.1.6.ª CE), con el Título IV por Administración de Justicia (149.1.5.ª) y el Título I por igualdad básica (149.1.1.ª); adaptación de los Estatutos de abogados y procuradores en un año (DF 5.ª); vigor a los seis meses (DF 6.ª).