Tema 23. Igualdad, violencia de género, dependencia y derechos LGTBI

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, desarrolla los arts. 9.2 y 14 CE y nace con vocación de ley-código de la igualdad. Su objeto es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades, en particular eliminando la discriminación de la mujer en cualquier ámbito. Se aplica a toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o residencia.

Igualdad de trato (art. 3): ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, especialmente las derivadas de la maternidad, las obligaciones familiares y el estado civil. Es principio informador del ordenamiento (art. 4).

Discriminación directa (art. 6.1): persona tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Indirecta (art. 6.2): disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que pone a personas de un sexo en desventaja particular, salvo justificación objetiva (finalidad legítima, medios necesarios y adecuados). Toda orden de discriminar es discriminatoria. Todo trato desfavorable por embarazo o maternidad es discriminación directa (art. 8).

Acoso sexual (art. 7.1): comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que atente contra la dignidad. Acoso por razón de sexo (art. 7.2): comportamiento realizado en función del sexo con el propósito o efecto de atentar contra la dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Ambos son siempre discriminatorios; condicionar un derecho a aceptarlos también.

Indemnidad frente a represalias (art. 9); nulidad de actos y cláusulas discriminatorios con reparaciones reales, efectivas y proporcionadas (art. 10).

Acciones positivas (art. 11): medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho; temporales (mientras subsistan las situaciones), razonables y proporcionadas. También pueden adoptarlas los particulares.

Tutela judicial (art. 12): cualquier persona puede recabarla (art. 53.2 CE), incluso tras terminar la relación; en acoso, solo la persona acosada está legitimada. Prueba (art. 13): corresponde a la demandada probar la ausencia de discriminación (no en procesos penales).

Criterios de actuación de los poderes públicos (art. 14): compromiso con la igualdad, integración en todas las políticas, participación equilibrada en candidaturas y decisiones, erradicación de la violencia de género, atención a mujeres de especial vulnerabilidad (minorías, migrantes, niñas, con discapacidad, mayores, viudas, víctimas), protección de la maternidad, conciliación y corresponsabilidad, y lenguaje no sexista en el ámbito administrativo.

Transversalidad (art. 15): la igualdad informa con carácter transversal la actuación de todos los poderes públicos. Nombramientos (art. 16): presencia equilibrada. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (art. 17): lo aprueba periódicamente el Gobierno. Informe periódico al que se da cuenta a las Cortes (art. 18). Informe de impacto de género (art. 19) en proyectos de disposiciones generales y planes de especial relevancia que aprueba el Consejo de Ministros. Estadísticas (art. 20): incluir sistemáticamente la variable de sexo.

Acción administrativa: educación (arts. 23-25), creación artística, salud (art. 27), sociedad de la información, deporte, desarrollo rural (titularidad compartida), vivienda, cooperación al desarrollo, contratos y subvenciones (arts. 33-35). Medios de comunicación (arts. 36-41): imagen igualitaria; RTVE y Agencia EFE; publicidad discriminatoria = ilícita.

Bienes y servicios (arts. 69-72): igualdad de trato en su suministro al público; nadie puede indagar sobre el embarazo salvo por razones de salud; prohibido usar el sexo como factor actuarial en seguros.

Responsabilidad social (arts. 73-75): acciones voluntarias; consejos de administración de sociedades con cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada: presencia equilibrada en ocho años.

Órganos (arts. 76-78): Comisión Interministerial de Igualdad (coordinación de los ministerios); Unidades de Igualdad en todos los Ministerios; Consejo de Participación de la Mujer (consulta y asesoramiento). Composición equilibrada (DA 1.ª): ningún sexo más del 60 % ni menos del 40 %.

Empleabilidad (art. 42): las políticas de empleo tienen como objetivo prioritario aumentar la participación de las mujeres. La negociación colectiva puede establecer acciones positivas (art. 43). Conciliación (art. 44): derechos que fomenten la asunción equilibrada de responsabilidades; permiso y prestación por paternidad.

Planes de igualdad (art. 45): todas las empresas deben adoptar medidas para evitar la discriminación, negociadas con los representantes. Son obligatorios en empresas de 50 o más trabajadores, cuando lo establezca el convenio colectivo y cuando la autoridad laboral sustituya sanciones accesorias por su elaboración; voluntarios en las demás.

Concepto (art. 46): conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de un diagnóstico de situación, para alcanzar la igualdad y eliminar la discriminación; fijan objetivos, estrategias y sistemas de seguimiento y evaluación. El diagnóstico (negociado en la Comisión Negociadora) abarca, al menos: selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción, condiciones de trabajo (con auditoría salarial), corresponsabilidad, infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso. Incluyen la totalidad de la empresa y se inscriben obligatoriamente en el Registro de Planes de Igualdad.

Acoso (art. 48): las empresas promoverán condiciones que eviten delitos contra la libertad sexual y la integridad moral, incluido el ámbito digital (códigos de buenas prácticas, campañas, formación).

Distintivo de igualdad (art. 50): lo crea el Ministerio de Trabajo para empresas que destaquen en políticas de igualdad; se retira si se incumplen.

Criterios de las AAPP (art. 51): remover obstáculos en el acceso y la carrera; facilitar la conciliación sin menoscabo de la promoción; formación en igualdad; presencia equilibrada en órganos de selección; protección frente al acoso; eliminar la discriminación retributiva; evaluar periódicamente.

Presencia equilibrada en la AGE (arts. 52-54): titulares de órganos directivos (considerados en su conjunto), tribunales y órganos de selección (salvo razones fundadas y objetivas, motivadas), comisiones de valoración, representantes en órganos colegiados y consejos de administración de empresas participadas.

Medidas en la AGE (arts. 55-63): informe de impacto de género en las convocatorias de pruebas selectivas (salvo urgencia); permisos y conciliación; en los concursos se computa el tiempo en esas situaciones; licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia con plenitud de derechos económicos; vacaciones en fecha distinta si coinciden con IT por embarazo, parto, lactancia o permisos; preferencia durante un año en cursos de formación tras maternidad, paternidad o excedencia por cuidado; reserva de al menos el 40 % de plazas en cursos para acceso a puestos directivos a las empleadas; temario de igualdad en todas las pruebas de acceso; cursos sobre igualdad y prevención de la violencia de género para todo el personal.

Protocolo frente al acoso (art. 62), negociado con la representación: compromiso de prevenir y no tolerar; instrucción al personal; tratamiento reservado de las denuncias; identificación de responsables. Información anual de los Departamentos a los Ministerios competentes con datos desagregados por sexo (art. 63).

Plan para la Igualdad en la AGE (art. 64): lo aprueba el Gobierno al inicio de cada legislatura; fija objetivos y estrategias; se negocia con la representación legal de los empleados públicos; su cumplimiento lo evalúa anualmente el Consejo de Ministros.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (arts. 67-68): sus normas promoverán la igualdad efectiva impidiendo cualquier discriminación profesional, especialmente en acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas; se les aplican las normas del personal de las AAPP sobre igualdad, prevención de la violencia de género y sexual y conciliación, adaptadas a sus funciones. Las Fuerzas Armadas tienen un régimen paralelo (arts. 65-66).

La LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, enfoca la violencia de un modo integral y multidisciplinar. Se estructura en un título preliminar, cinco títulos (I sensibilización; II derechos; III tutela institucional; IV tutela penal; V tutela judicial). Entró en vigor a los 30 días de su publicación, salvo los títulos IV y V (seis meses).

Objeto (art. 1): actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ejercen sobre ellas quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones y privación arbitraria de libertad, y también la ejercida sobre familiares o allegados menores para dañar a la mujer (violencia vicaria).

Principios (art. 2): once fines (letras a-k): sensibilización, derechos exigibles, servicios sociales, derechos laborales y funcionariales, derechos económicos, tutela institucional (Delegación + Observatorio), marco penal y procesal, coordinación, participación de la sociedad civil, especialización de profesionales y transversalidad.

Plan Estatal de Sensibilización y Prevención (art. 3): permanente; con una Comisión de amplia participación creada en un mes; informe anual de evaluación a las Cortes. Campañas accesibles para personas con discapacidad.

Ámbito educativo (arts. 4-9): valores de igualdad en todas las etapas; escolarización inmediata de los hijos que cambien de residencia; eliminación de estereotipos sexistas en materiales; formación del profesorado; representación del Instituto de la Mujer en el Consejo Escolar del Estado. Publicidad (arts. 10-14): es ilícita la que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio; legitimados para la acción de cesación: Delegación del Gobierno, Instituto de la Mujer, Ministerio Fiscal y asociaciones con objetivo único de defensa de la mujer. Sanitario (arts. 15-16): detección precoz; Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del SNS, constituida en un año, con informe anual.

Garantía (art. 17): todas las mujeres víctimas tienen garantizados los derechos, sin discriminación. Los servicios de información, atención psicosocial inmediata, asesoramiento jurídico 24 horas, acogida y asistencia integral son servicios esenciales.

Información (art. 18): plena y adaptada; formato accesible para mujeres con discapacidad (lengua de signos…) y para quienes desconozcan el castellano.

Asistencia social integral (art. 19): servicios de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación integral, organizados por CCAA y Corporaciones Locales con los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional; actúan coordinados con los Cuerpos de Seguridad, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y la asistencia jurídica, y pueden pedir al juez medidas urgentes. También tienen derecho los menores del entorno. Atención sanitaria (art. 19 bis).

Asistencia jurídica (art. 20): asesoramiento gratuito inmediatamente previo a la denuncia, defensa y representación gratuitas; una misma dirección letrada; también a los causahabientes si fallece la víctima. Puede personarse como acusación particular en cualquier momento, sin retrotraer actuaciones.

Derechos laborales (art. 21): reducción o reordenación del tiempo, movilidad geográfica, cambio de centro, suspensión con reserva y extinción del contrato (situación legal de desempleo); bonificación del 100 % de cuotas por contingencias comunes en contratos de interinidad sustitutos (durante la suspensión o seis meses en movilidad); ausencias justificadas y remuneradas; autónomas: cese temporal y suspensión de cotización seis meses.

Acreditación (art. 23): sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución con medida cautelar, informe del Ministerio Fiscal, o informe de los servicios sociales, especializados o de acogida.

Funcionarias (arts. 24-26): reducción o reordenación del tiempo, movilidad geográfica de centro y excedencia; faltas de asistencia justificadas.

Ayudas sociales (art. 27): pago único si las rentas no superan el 75 % del SMI (sin pagas extra) y hay especiales dificultades de empleo: 6 meses de subsidio por desempleo (12 si discapacidad ≥ 33 %; con responsabilidades familiares hasta 18, o 24 si hay discapacidad ≥ 33 %). Compatibles con las ayudas de la Ley 35/1995. Vivienda (art. 28): colectivos prioritarios. Reparación (arts. 28 bis-ter): indemnización, recuperación, reparación simbólica y garantías de no repetición.

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (art. 29): adscrita al Ministerio de Igualdad; formula las políticas públicas, elabora la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres (periodicidad mínima trienal, DA 21.ª) y coordina e impulsa las acciones; su titular está legitimado ante los órganos jurisdiccionales.

Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (art. 30): órgano colegiado de asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, informes y estudios; datos desagregados por sexo; remite anualmente al Gobierno y a las CCAA un informe sobre la evolución de la violencia.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 31): el Gobierno establecerá en las FCSE unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales (en la Policía Nacional, las UFAM). Las Policías Locales cooperarán en asegurar el cumplimiento de las medidas judiciales. La actuación seguirá el Protocolo de Actuación de las FCSE y de Coordinación con los Órganos Judiciales. Se aplica también a las CCAA con policía propia.

Planes de colaboración (art. 32): implican a sanidad, Justicia, FCSE, servicios sociales y organismos de igualdad; protocolos que aseguren actuación global y la actividad probatoria; atención especial a mujeres con mayor riesgo (minorías, inmigrantes, exclusión social, discapacidad, mayores, ámbito rural).

Disposiciones generales (art. 61): las medidas son compatibles con las cautelares civiles y penales; el juez debe pronunciarse en todo caso, de oficio o a instancia de parte, sobre su pertinencia. Orden de protección (art. 62): el Juez de Violencia sobre la Mujer o el Juez de Guardia actúan conforme al art. 544 ter LECrim.

Protección de datos (art. 63): intimidad de víctimas y descendientes; vistas a puerta cerrada y actuaciones reservadas.

Medidas (arts. 64-67): salida obligatoria del domicilio y prohibición de volver; permuta excepcional del uso de la vivienda; prohibición de aproximación (con distancia mínima y posibles dispositivos telemáticos), aunque la víctima ya hubiera abandonado el lugar; prohibición de comunicación; suspensión de la patria potestad o custodia; suspensión del régimen de visitas (el juez la ordena, salvo interés superior del menor); suspensión de tenencia, porte y uso de armas con obligación de depositarlas.

Garantías (art. 68): auto motivado, proporcionalidad y necesidad, intervención del Ministerio Fiscal y principios de contradicción, audiencia y defensa. Mantenimiento (art. 69): pueden mantenerse tras la sentencia y durante los recursos.

DA 1.ª: el condenado por homicidio doloso o lesiones pierde la pensión de viudedad cuando la víctima era la causante (salvo reconciliación). DA 20.ª: cambio de apellidos por Orden del Ministerio de Justicia para víctimas de violencia de género.

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, conforme a los arts. 9.2, 10, 14 y 49 CE y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Discapacidad (art. 2.a): situación que resulta de la interacción entre personas con deficiencias previsiblemente permanentes y barreras que limitan su participación. Persona con discapacidad (art. 4): deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales previsiblemente permanentes; además, a efectos de la ley, quien tenga reconocido un grado igual o superior al 33 %. La acreditación es válida en todo el territorio.

Conceptos clave (art. 2): discriminación directa, indirecta y por asociación; acoso; accesibilidad universal (incluida la cognitiva); diseño universal; ajustes razonables (adaptaciones que no impongan una carga desproporcionada); vida independiente; normalización; inclusión social; diálogo civil; transversalidad. Principios (art. 3): dignidad y autonomía, vida independiente, no discriminación, igualdad de oportunidades y entre mujeres y hombres, normalización, accesibilidad, diseño universal, participación, diálogo civil, transversalidad.

Empleo (arts. 35-47): tipos de empleo ordinario (incluido el empleo con apoyo), protegido (centros especiales de empleo y enclaves laborales) y autónomo. Cuota de reserva (art. 42): empresas públicas y privadas con 50 o más trabajadores: al menos el 2 % de trabajadores con discapacidad; en las ofertas de empleo público se reserva un cupo.

Órganos: Consejo Nacional de la Discapacidad (órgano colegiado interministerial consultivo) y su Oficina de Atención a la Discapacidad; Observatorio Estatal de la Discapacidad (informe anual). La Ley 39/2006 de dependencia completa este marco, y la LO 1/2004, la LO 3/2007 y la Ley 4/2023 contienen previsiones específicas para mujeres y personas LGTBI con discapacidad.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía mediante el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la garantía por la AGE de un contenido mínimo común. Se dicta al amparo del art. 149.1.1.ª CE y entró en vigor el primer día del mes siguiente a su publicación.

Definiciones (art. 2): autonomía (capacidad de controlar, afrontar y tomar decisiones personales); dependencia (estado de carácter permanente de quienes, por edad, enfermedad o discapacidad, precisan la atención de otra persona o ayudas importantes para las actividades básicas de la vida diaria); ABVD (cuidado personal, actividades domésticas básicas, movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes sencillas); cuidados no profesionales (familia o entorno); cuidados profesionales; asistencia personal; tercer sector.

Principios (art. 3): carácter público de las prestaciones, universalidad, atención integral e integrada, transversalidad, personalización, prevención, permanencia en el entorno, participación de la iniciativa privada y del tercer sector, cooperación interadministrativa, perspectiva de género y atención preferente a la gran dependencia.

Derechos (art. 4): a la dignidad, información, confidencialidad, a decidir sobre la tutela y sobre el ingreso en centro residencial, a no sufrir discriminación por orientación o identidad sexual… y obligaciones de suministrar información y aplicar las prestaciones a su finalidad.

Titulares (art. 5): españoles en situación de dependencia que residan en España y lo hayan hecho cinco años, dos de ellos inmediatamente anteriores a la solicitud (para menores de cinco años, se exige a quien ejerza la guarda). Menores de 3 años: DA 13.ª (ayuda a domicilio y prestaciones económicas; escala de valoración específica).

El SAAD (art. 6): red de utilización pública que integra centros y servicios públicos y privados. Niveles de protección (art. 7): 1.º mínimo fijado por la AGE (financiado íntegramente por ella); 2.º acordado entre AGE y cada CCAA mediante convenios; 3.º adicional de cada CCAA.

Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD (art. 8): instrumento de cooperación; preside el titular del Ministerio, con los consejeros autonómicos (mayoría autonómica); acuerda el marco de cooperación, la intensidad de los servicios, la cuantía de las prestaciones, el baremo… Las CCAA planifican, gestionan, valoran, acreditan centros e inspeccionan (art. 11); las Entidades Locales participan en la gestión (art. 12).

Prestaciones (arts. 14-20): los servicios del catálogo son prioritarios; si no es posible, prestación económica vinculada al servicio; excepcionalmente, prestación para cuidados en el entorno familiar (cuidadores no profesionales); y prestación de asistencia personal. Prioridad por grado y, a igual grado, por capacidad económica. Las prestaciones económicas son inembargables. Catálogo (art. 15): prevención y promoción de la autonomía, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial. Incompatibilidades (art. 25 bis).

Grados (art. 26): I moderada (ayuda para varias ABVD al menos una vez al día); II severa (dos o tres veces al día, sin apoyo permanente); III gran dependencia (varias veces al día y apoyo indispensable y continuo). (La DA 17.ª añade el Grado III+ de dependencia extrema, ELA y enfermedades irreversibles). Valoración (art. 27): órganos de las CCAA, públicos; baremo acordado en el Consejo Territorial y aprobado por real decreto, con referencia a la CIF de la OMS.

Procedimiento (arts. 28-30): a instancia del interesado; resolución de la CCAA de residencia, válida en todo el Estado; valoración y gestión no delegables en entidades privadas; Programa Individual de Atención (PIA); plazo máximo de seis meses (DF 1.ª). Revisión del grado por mejoría, empeoramiento o error.

Financiación (arts. 32-33): suficiente y anual; la CCAA aporta al menos lo mismo que la AGE; los beneficiarios copagan según tipo y coste del servicio y su capacidad económica, pero nadie queda fuera por falta de recursos. Comité Consultivo (art. 40): tripartito y paritario (6 AGE + 6 CCAA + 6 EELL; 9 empresariales + 9 sindicales). Otros órganos consultivos (art. 41): Consejo Estatal de Personas Mayores, Consejo Nacional de la Discapacidad y Consejo Estatal de ONG de Acción Social.

Infracciones y sanciones (arts. 42-47): leves, graves y muy graves; multas a cuidadores de hasta 300 € (leves), 300-3.000 € (graves) y 3.001-6.000 € (muy graves); a proveedores hasta 30.000, 30.001-90.000 y 90.001-1.000.000 €. Prescripción de infracciones: 1, 3 y 4 años; de sanciones: 1, 4 y 5 años.

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, garantiza y promueve la igualdad real de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y de sus familias, y regula la rectificación registral relativa al sexo. Se aplica a toda persona física o jurídica que resida, se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que sea su nacionalidad o situación administrativa. Deroga la Ley 3/2007, de 15 de marzo. Entró en vigor el día siguiente a su publicación.

Definiciones (art. 3): discriminación directa (incluida la denegación de ajustes razonables), indirecta, múltiple e interseccional, acoso discriminatorio, discriminación por asociación y por error, acción positiva, intersexualidad, orientación sexual (atracción física, sexual o afectiva: heterosexual, homosexual, bisexual), identidad sexual (vivencia interna e individual del sexo), expresión de género (manifestación de la identidad sexual), persona trans (identidad sexual no correspondiente con el sexo asignado al nacer), familia LGTBI, LGTBIfobia, homofobia, bifobia, transfobia.

Órganos e instrumentos: Consejo de Participación de las Personas LGTBI (órgano colegiado de participación ciudadana dependiente del Ministerio de Igualdad, memoria semestral a las Cortes); Estrategia estatal para la igualdad de trato LGTBI (cuatrienal, aprobada por el Consejo de Ministros previo informe de la Conferencia Sectorial de Igualdad).

Medidas: formación del personal de las AAPP (con atención expresa a las fuerzas y cuerpos de seguridad); empresas de más de 50 trabajadores: conjunto planificado de medidas con protocolo frente al acoso en 12 meses; prohibición de las terapias de conversión, incluso con consentimiento; personas intersexuales: prohibidas las modificaciones genitales en menores de 12 años (salvo indicación médica), y entre 12 y 16 solo a petición del menor con madurez; educación, deporte, medios, internet, familia, acción exterior, protección internacional y medio rural.

Legitimación (art. 43): mayores de 16 años de nacionalidad española, por sí mismos; de 14 a 16, por sí mismos asistidos por sus representantes legales (si hay desacuerdo, defensor judicial); de 12 a 14, autorización judicial (Ley de Jurisdicción Voluntaria); personas con discapacidad, con los apoyos precisos.

Procedimiento (art. 44): ante cualquier Oficina del Registro Civil; sin informe médico o psicológico ni modificación corporal previa. Comparecencia inicial (manifestación de disconformidad, elección de nuevo nombre, información de consecuencias y del régimen de reversión); segunda comparecencia de ratificación en el plazo máximo de tres meses; resolución en el plazo máximo de un mes desde la segunda comparecencia; recurso de alzada ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Efectos (art. 46): constitutivos desde la inscripción; la rectificación no altera el régimen jurídico aplicable a efectos de la LO 1/2004; quien pase de masculino a femenino puede beneficiarse de acciones positivas para mujeres solo para situaciones posteriores.

Reversibilidad (art. 47): transcurridos seis meses desde la inscripción, se puede recuperar la mención anterior por el mismo procedimiento; una nueva rectificación posterior exige aprobación judicial.

Documentos (art. 49): nuevo DNI (conservando el mismo número) y pasaporte. Menores trans: derecho al cambio de nombre en el Registro Civil y a un trato conforme a su identidad, también en el ámbito educativo (arts. 48, 51 y 60).

Políticas trans (arts. 52-61): Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans (cuatrienal, Ministerio de Igualdad, evaluación intermedia a los dos años); empleo, salud (principio de no patologización) y educación.

Protección (arts. 62-67): derecho a protección integral inmediata; puede intervenir la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (Ley 15/2022), incluso como mediadora; nulidad de cláusulas discriminatorias; legitimación de partidos, sindicatos y asociaciones; inversión de la carga de la prueba cuando se aporten indicios fundados.

Violencia LGTBIfóbica (arts. 68-69): atención integral (información, asistencia psicológica y jurídica, necesidades laborales y sociales, interpretación); en el ámbito familiar se dictará una orden de protección del art. 544 ter LECrim y se escolarizará de inmediato a los descendientes.

Situaciones especiales (arts. 70-75): menores (la negativa familiar a respetar su identidad se valora como situación de riesgo), personas con discapacidad o dependencia, extranjeras, mayores, intersexuales (sexo en blanco en la inscripción de nacimiento por un máximo de un año), sinhogarismo.

Régimen sancionador (arts. 76-82): *non bis in idem*; si hay indicios de delito, se pasa el tanto de culpa y se suspende el procedimiento. En la AGE: inicio de oficio, instruye la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, resuelve el titular del Ministerio de Igualdad (o el Consejo de Ministros en muy graves con sanción superior a 100.000 €). Resolución en seis meses.

Infracciones (art. 79): leves (expresiones vejatorias en la prestación de servicios, no facilitar la inspección, daños o deslucimiento de bienes); graves (no retirar expresiones vejatorias en webs tras conocimiento efectivo, actos o cláusulas discriminatorios, obstrucción o negativa absoluta a la inspección); muy graves (acoso discriminatorio, represalias, negativa a atender a la víctima, terapias de conversión, materiales didácticos discriminatorios, espectáculos que inciten, denegación de acceso a establecimientos o vivienda, modificación genital a menores de 12, victimización secundaria).

Sanciones (art. 80): leves, apercibimiento o 200-2.000 €; graves, 2.001-10.000 € (accesorias de un año); muy graves, 10.001-150.000 € (accesorias hasta tres años, cierre o cese hasta tres años). Prescripción (art. 81): infracciones muy graves 3 años, graves 2, leves 9 meses; sanciones muy graves 2 años, graves 1, leves 6 meses.