Tema 6. Los funcionarios públicos: concepto, clases, adquisición y pérdida

Constitución: los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE). La ley regulará el estatuto de los funcionarios, el acceso de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías de imparcialidad (art. 103.3 CE).

Concepto doctrinal de funcionario: persona incorporada a una Administración Pública por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho administrativo. El TREBEP (Real Decreto Legislativo 5/2015) lo concreta en el art. 9.

Ámbito (art. 2): personal funcionario y, en lo que proceda, laboral de la AGE, las CCAA y Ceuta y Melilla, las entidades locales, los organismos públicos y entidades de derecho público y las Universidades Públicas. Es supletorio para todo el personal de las Administraciones no incluido en su ámbito (art. 2.5).

Legislación específica (art. 4): el Estatuto solo se aplica directamente si lo dispone su legislación propia a: personal de Cortes Generales y asambleas autonómicas, órganos constitucionales, Jueces, Magistrados, Fiscales y personal de Justicia, militares, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal retribuido por arancel, CNI y Banco de España y Fondo de Garantía de Depósitos.

Policías Locales (art. 3.2): se rigen también por el TREBEP y la legislación autonómica, salvo lo establecido en la LO 2/1986. Correos (art. 5): sus funcionarios, por sus normas específicas y supletoriamente por el TREBEP.

Policía Nacional (art. 3 LO 9/2015): se rige por la LO 9/2015 y su desarrollo, con la legislación de los funcionarios civiles de la AGE como derecho supletorio.

Empleados públicos (art. 8.1): quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.

Clases (art. 8.2): a) funcionarios de carrera; b) funcionarios interinos; c) personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; d) personal eventual.

El personal directivo profesional (art. 13) no es una quinta clase: es una figura que puede recaer en funcionarios o en laborales (en este caso, relación laboral especial de alta dirección).

Clave de examen: «funcionario» y «empleado público» no son sinónimos; todo funcionario es empleado público, pero no al revés.

Definición (art. 9.1): quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

Reserva de funciones (art. 9.2): el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos.

Policía Nacional (art. 16 LO 9/2015): son funcionarios de carrera quienes, por nombramiento legal, están vinculados a la AGE, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por una relación estatutaria de derecho administrativo para servicios profesionales retribuidos permanentes.

Definición (art. 10.1): nombrados, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, con carácter temporal para funciones propias de funcionarios de carrera, en alguno de estos supuestos:

a) Plazas vacantes no cubribles por funcionarios de carrera: máximo 3 años. b) Sustitución transitoria de los titulares: tiempo estrictamente necesario. c) Programas de carácter temporal: máximo 3 años, ampliable 12 meses por las leyes de Función Pública. d) Exceso o acumulación de tareas: máximo 9 meses dentro de un periodo de 18.

Selección (art. 10.2): procedimientos públicos regidos por igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad; el nombramiento nunca da la condición de funcionario de carrera.

Cese (art. 10.3), de oficio y sin compensación: cobertura reglada del puesto por funcionario de carrera; supresión o amortización; fin del plazo autorizado; fin de la causa; y las causas del art. 63.

Vacantes (art. 10.4): a los 3 años termina la interinidad y la plaza solo puede ocuparla un funcionario de carrera (salvo proceso desierto). Excepción: si la convocatoria se publicó dentro de los 3 años, el interino puede seguir hasta su resolución, sin compensación.

Régimen (art. 10.5): el general de los funcionarios de carrera en lo adecuado a su condición temporal, salvo los derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.

Personal laboral (art. 11): presta servicios retribuidos en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de la legislación laboral; puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Las leyes de Función Pública fijan qué puestos puede ocupar, respetando la reserva del art. 9.2. Selección pública por igualdad, mérito y capacidad (el temporal, además, celeridad).

Personal eventual (art. 12): por nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, retribuido con cargo a créditos específicos. El número máximo lo fijan los órganos de gobierno y es público. Nombramiento y cese libres; cesa en todo caso cuando cesa la autoridad a la que asesora. Su condición no es mérito para el acceso a la Función Pública ni para la promoción interna.

Personal directivo profesional (art. 13): desarrolla funciones directivas profesionales; designación por mérito y capacidad y criterios de idoneidad, con publicidad y concurrencia; evaluación por eficacia y eficiencia, responsabilidad y control de resultados; sus condiciones de empleo no son materia de negociación colectiva; si es laboral, relación laboral especial de alta dirección.

Principios (art. 55): igualdad, mérito y capacidad, más: a) publicidad de convocatorias y bases; b) transparencia; c) imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección; d) independencia y discrecionalidad técnica; e) adecuación entre contenido de las pruebas y funciones; f) agilidad, sin perjuicio de la objetividad.

Requisitos generales (art. 56.1): a) nacionalidad española (salvo art. 57); b) capacidad funcional; c) 16 años cumplidos y no exceder la edad de jubilación forzosa (otra edad máxima, solo por ley); d) no haber sido separado por expediente disciplinario ni estar inhabilitado; e) titulación exigida. Pueden añadirse requisitos específicos con relación objetiva y proporcionada, de forma abstracta y general (art. 56.3).

Nacionales de otros Estados (art. 57): los de la UE acceden como funcionarios en igualdad salvo empleos que impliquen ejercicio del poder público o salvaguardia de intereses del Estado; se extiende a cónyuges no separados de derecho y descendientes menores de 21 o mayores dependientes. Los extranjeros con residencia legal solo como personal laboral. Eximir de la nacionalidad para ser funcionario requiere ley de las Cortes o de las asambleas autonómicas.

Discapacidad (art. 59): cupo no inferior al 7 % de las vacantes, de modo que se alcance progresivamente el 2 % de los efectivos; dentro del 7 %, al menos el 2 % de las plazas para discapacidad intelectual.

Órganos de selección (art. 60): colegiados, imparciales y profesionales, tendiendo a la paridad. No pueden formar parte: personal de elección o designación política, funcionarios interinos y personal eventual. Se pertenece a título individual.

Sistemas selectivos (art. 61): abiertos y de libre concurrencia (salvo promoción interna y discriminación positiva). Funcionarios de carrera: oposición y concurso-oposición; el concurso (solo méritos), solo por ley y excepcionalmente. Laboral fijo: oposición, concurso-oposición o concurso. La valoración de méritos debe ser proporcionada y nunca determinar por sí sola el resultado. Pueden añadirse cursos, prácticas, psicotécnicos, entrevistas y reconocimientos médicos.

Número de aprobados (art. 61.8): no más que plazas, salvo que lo prevea la convocatoria; ante renuncias previas al nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante puede pedir una relación complementaria.

Requisitos sucesivos (art. 62.1 TREBEP): a) superación del proceso selectivo; b) nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado en el Diario Oficial correspondiente; c) acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía y del resto del Ordenamiento Jurídico; d) toma de posesión dentro del plazo establecido.

Es un acto complejo de formación sucesiva: mientras no se toma posesión no se es funcionario de carrera. Si tras el proceso selectivo el aspirante no acredita los requisitos de la convocatoria, no puede ser funcionario y quedan sin efecto sus actuaciones (art. 62.2).

Policía Nacional (art. 4 LO 9/2015): mismos cuatro requisitos en el mismo orden (superación, nombramiento, acatamiento de la Constitución y del ordenamiento, toma de posesión). Ingreso por oposición libre a las categorías de Inspector y Policía (art. 25).

Requisitos de ingreso en la Policía Nacional (art. 26 LO 9/2015): nacionalidad española; 18 años y no exceder la edad máxima de jubilación; no haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio, ni inhabilitado; no estar incurso en exclusiones médicas; compromiso de portar armas y, en su caso, usarlas. Titulación: Bachiller o equivalente (Policía) y grado universitario (Inspector).

Causas (art. 63 TREBEP): a) renuncia; b) pérdida de la nacionalidad; c) jubilación total; d) sanción disciplinaria de separación del servicio firme; e) pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público firme.

Renuncia (art. 64): por escrito y aceptada expresamente por la Administración. No puede aceptarse si el funcionario está sujeto a expediente disciplinario o se ha dictado contra él auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por algún delito. No inhabilita para volver a ingresar por el procedimiento de selección.

Nacionalidad (art. 65): la pérdida de la nacionalidad española o de la de otro Estado de la UE (o con libre circulación) tenida en cuenta para el nombramiento hace perder la condición, salvo que simultáneamente se adquiera la de alguno de esos Estados.

Inhabilitación (art. 66): absoluta → pérdida respecto de todos los empleos o cargos; especial → respecto de los especificados en la sentencia.

Jubilación (art. 67): voluntaria (a solicitud, con requisitos de Seguridad Social), forzosa (de oficio a los 65 años; prolongación posible hasta los 70, resolución motivada; para los del Régimen General, la edad ordinaria de su pensión contributiva sin coeficiente reductor) y por incapacidad permanente.

Rehabilitación reglada (art. 68.1 TREBEP): si la relación se extinguió por pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente, desaparecida la causa, el interesado puede solicitarla y le será concedida.

Rehabilitación excepcional (art. 68.2): para quien perdió la condición por condena a inhabilitación; la conceden los órganos de gobierno, a petición del interesado y atendiendo a las circunstancias y entidad del delito. Silencio desestimatorio.

Policía Nacional (art. 6 LO 9/2015): rehabilitación reglada en los mismos casos, siempre que cumpla además los requisitos del art. 26.1; la excepcional la concede el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro del Interior, también con silencio desestimatorio.

Cuerpos y escalas (art. 75): agrupan funcionarios con competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados en un proceso selectivo; se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas autonómicas.

Grupos por titulación (art. 76): Grupo A (A1 y A2): título universitario de Grado (la ley puede exigir otro); la división entre A1 y A2 depende del nivel de responsabilidad y de las pruebas de acceso. Grupo B: Técnico Superior. Grupo C: C1 (Bachiller o Técnico) y C2 (Graduado en ESO).

Policía Nacional (art. 17 LO 9/2015): Escala Superior (Comisario Principal y Comisario) y Escala Ejecutiva (Inspector Jefe e Inspector) → A1; Escala de Subinspección (Subinspector) → A2; Escala Básica (Oficial de Policía y Policía) → C1. Funciones (art. 18): Superior dirección, Ejecutiva mando, Subinspección supervisión y Básica ejecución material.

Causas (art. 5.1 LO 9/2015): a) jubilación; b) renuncia; c) pérdida de la nacionalidad española; d) separación del servicio firme; e) inhabilitación absoluta o especial firme para empleo o cargo público.

Jubilación (art. 5.2): voluntaria (requisitos de Seguridad Social), forzosa de oficio a los 65 años (salvo el titular de la Dirección Adjunta Operativa, que sigue en activo mientras ostente el cargo) y por incapacidad permanente para las funciones de la Policía Nacional.

Renuncia (art. 5.3): por escrito y aceptada en 3 meses como máximo, salvo expediente disciplinario o auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por delito doloso. No inhabilita para volver a ingresar.

Jubilados (art. 87): mantienen la consideración de miembro jubilado con su categoría; pueden vestir el uniforme en actos institucionales y sociales solemnes y conservar el carné profesional y la placa (modificada).