Tema 30. Principios éticos, valores, contravalores y delitos de odio

La ética es la reflexión racional y crítica sobre cómo actuamos y qué debemos hacer, es decir, sobre qué es justo y qué no. La moral es el repertorio de normas, valores y costumbres que de hecho guía a una persona o a una comunidad.

Tres niveles: el principio es una guía general para juzgar; el valor, un ideal que se considera deseable; la norma, una regla concreta que manda o prohíbe.

Valores centrales de las democracias actuales: dignidad, libertad, igualdad, justicia, responsabilidad, solidaridad, pluralismo, tolerancia y derechos humanos. La dignidad impide usar a nadie solo como medio; la justicia pide reglas imparciales y un reparto razonable de cargas y beneficios.

Socialización: proceso por el que interiorizamos la cultura, las normas, los valores y los roles necesarios para vivir en sociedad; forma la identidad y convierte lo externo en criterio propio.

Primaria: sobre todo en la infancia; da lenguaje, vínculos afectivos, normas básicas e identidad. Secundaria: aprendizajes posteriores (escuela, trabajo, instituciones, grupos, nuevas etapas de la vida).

Agentes: familia, escuela, grupo de iguales, medios, redes digitales, confesiones religiosas, asociaciones, trabajo e instituciones. Actúan a la vez y a veces se contradicen.

Vías de transmisión: instrucción, ejemplo, imitación, refuerzo, sanción, identificación, participación y experiencia. Si se predica con el ejemplo, el mensaje gana credibilidad.

La huella familiar es honda, pero puede corregirse; en la adolescencia manda mucho el grupo de amigos; las redes, con sus algoritmos, tienden a encerrarnos en cámaras de eco. En la Policía, además, se aprende a actuar con legalidad, vocación de servicio, neutralidad, proporcionalidad y respeto a los derechos.

Libertad: posibilidad de decidir y obrar sin que nadie nos coaccione ilegítimamente, siempre dentro de un marco de derechos y deberes. Tiene una cara negativa (que no haya intromisiones indebidas) y otra positiva (tener medios reales para llevar la propia vida).

No es ausencia de límites: acaba donde empezaría el daño injustificado a los derechos de otros, y se ejerce conforme a la ley.

Responsabilidad: deber de responder de lo que decidimos y hacemos y de sus consecuencias previsibles. Requiere capacidad, conocimiento y algo de libertad. Clases: moral, jurídica, política, profesional o social.

A más poder de decisión, más obligación de justificar su uso y de reparar el daño.

Igualdad: misma dignidad y mismos derechos. Formal: aplicar la ley sin discriminar. Material: remover obstáculos para que la participación sea real. Tratar distinto lo que es objetivamente distinto no rompe la igualdad si hay justificación objetiva, legítima y proporcionada.

Solidaridad: asumir que dependemos unos de otros y estar dispuestos a cooperar y cargar con costes por el bien común y por quien está en desventaja. La solidaridad institucional la convierte en derechos y servicios estables.

Tolerancia: respetar y aceptar la diversidad de ideas, identidades y modos de vida dentro de los derechos humanos. No obliga a compartir lo ajeno ni a aceptar violencia o discriminación. Igualdad no es uniformidad; tolerancia no es indiferencia ni permisividad.

Límites: la tolerancia ampara opiniones molestas, pero no la amenaza o la incitación al delito. Paradoja de la tolerancia: tolerarlo todo, incluso a quien quiere destruirla, acaba con la sociedad abierta.

Contravalores: orientaciones contrarias a los valores democráticos y de convivencia.

Racismo: jerarquiza a las personas, considerándolas superiores o inferiores, según rasgos racializados, color, linaje u origen étnico o nacional. Variante biológica (supuestas jerarquías naturales, sin respaldo científico) y cultural (presenta las culturas como incompatibles y fijas). Se da en el plano individual, institucional o estructural. La Convención de la ONU define la discriminación racial por raza, color, linaje u origen nacional o étnico.

Fanatismo: adhesión extrema, rígida e intolerante a una causa; absolutiza la propia postura, deshumaniza al rival y justifica medios desproporcionados.

Fundamentalismo: quiere volver a unos fundamentos «puros» e inmutables y leer la realidad con una interpretación rígida; puede ser religioso, político o ideológico. Nace como reacción a cambios vividos como amenaza. No equivale a religión ni a terrorismo.

Sectarismo: cierre excluyente que antepone la lealtad al grupo y niega legitimidad al que discrepa. Una secta destructiva añade control coercitivo, dependencia y manipulación. No toda minoría religiosa es una secta destructiva.

Hooliganismo: violencia, intimidación o vandalismo de grupos radicales de aficionados, sobre todo en el fútbol; no es la afición intensa ni afecta a todos los seguidores. La multitud no elimina la responsabilidad individual.

Enfoque OSCE: delito de odio = infracción penal + móvil de prejuicio contra un rasgo, real o supuesto, que se atribuye a la víctima o al grupo con el que se la vincula.

No requiere sentir odio como emoción: basta el móvil discriminatorio o la elección prejuiciosa de la víctima. No es un delito único: puede ser una amenaza, lesión o daño agravado, además de tipos específicos.

Discurso de odio: mensajes que animan a odiar, a la hostilidad, a discriminar o a la violencia, o que los justifican. Que algo ofenda no lo convierte en delito.

Indicadores de polarización: hechos objetivos que hacen sospechar el móvil y justifican investigarlo, aunque no lo prueban (palabras o símbolos, diferencia identitaria autor-víctima, fecha o lugar simbólico, falta de otro motivo, pertenencia a grupos hostiles, historial, bienes de una comunidad, percepción de la víctima). La calificación final es de jueces y tribunales.

Impacto: el mensaje intimida a todo el colectivo. Infradenuncia por miedo, normalización, vergüenza, desconfianza, idioma o situación administrativa.

Respuesta policial: proteger, atender, preservar pruebas, identificar testigos, documentar indicadores y registrar el posible móvil. La percepción de la víctima es indicador, pero no decide la calificación. Prueba digital: URL, usuario, fecha, hora, contenido y contexto.

Es agravante cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra discriminación por ideología, religión o creencias, etnia, raza o nación, sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, aporofobia o exclusión social, enfermedad o discapacidad.

Se aplica aunque esas condiciones no concurran realmente en la víctima: lo que cuenta es el móvil del autor.

El mismo artículo recoge otras agravantes: alevosía (1.ª), disfraz o abuso de superioridad (2.ª), precio (3.ª), ensañamiento (5.ª), abuso de confianza (6.ª), prevalerse del carácter público (7.ª) y reincidencia (8.ª).

510.1: prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses para: a) fomentar o incitar públicamente, directa o indirectamente, al odio, hostilidad, discriminación o violencia; b) producir, poseer para distribuir, difundir o vender material idóneo para ello; c) negar, trivializar gravemente o enaltecer públicamente genocidio, lesa humanidad o crímenes en conflicto armado cuando se favorezca un clima de violencia u odio.

510.2: prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses para: a) lesionar la dignidad mediante humillación, menosprecio o descrédito (o difundir material idóneo para ello); b) enaltecer o justificar públicamente delitos cometidos contra esos grupos o a sus autores. Si con ello se favorece un clima de violencia u odio: 1 a 4 años.

510.3: pena en mitad superior si se usa un medio de comunicación social, internet o TIC y llega a muchas personas. 510.4: mitad superior (hasta la superior en grado) si es idóneo para alterar la paz pública o crear grave temor en el grupo.

510.5: siempre, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, docentes, deportivos y de tiempo libre entre 3 y 10 años más que la pena de prisión. 510.6: destrucción o borrado del material, retirada de contenidos y bloqueo de portales dedicados exclusiva o preponderantemente a ello.

510 bis: la persona jurídica responsable responde con multa de dos a cinco años y, potestativamente, con las penas de las letras b) a g) del art. 33.7.

511 (servicio público): el particular encargado de un servicio público que deniega una prestación debida por motivos discriminatorios: prisión de 6 meses a 2 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial de 1 a 3 años. Igual si la víctima es una asociación, fundación, sociedad o corporación. Si lo hace un funcionario público: penas en mitad superior e inhabilitación de 2 a 4 años.

512 (ámbito privado): quien, en su actividad profesional o empresarial, deniega una prestación por esos motivos: inhabilitación especial de 1 a 4 años para profesión, oficio, industria o comercio y para oficios educativos (no hay prisión).

515: son asociaciones ilícitas 1.º las que tienen por objeto cometer delitos o los promueven; 2.º las que con fin lícito usan medios violentos o de control de la personalidad; 3.º las paramilitares; 4.º las que fomentan o incitan al odio, hostilidad, discriminación o violencia por motivos discriminatorios.

Universalismo (derechos válidos para todos), pluralismo (varias formas legítimas de vida dentro de un marco común) y relativismo cultural (entender cada práctica en su contexto; en exceso impide criticar abusos). Comprender no es justificar.

Conducta prosocial y altruismo; el efecto espectador reduce la ayuda porque la presencia de otros diluye la responsabilidad.

Radicalización: adopción progresiva de ideas o compromisos extremos; no siempre lleva a la violencia y no hay perfil único. Protegen: vínculos sociales, pensamiento crítico, participación, apoyo familiar, confianza institucional.

Prevención primaria (educar en derechos, alfabetización mediática), secundaria (detectar riesgos, actuar ante incidentes tempranos) y terciaria (evitar reincidencia, proteger y reparar).