Tema 33. La seguridad y las teorías explicativas de la delincuencia

Estar seguro no significa vivir sin riesgos: significa contar con una protección razonable de personas, bienes, derechos e instituciones y con capacidad para anticiparse al daño, atenuarlo, hacerle frente y volver a la normalidad.

Hay que separar dos planos: el objetivo (lo que realmente ocurre: delitos, daños, riesgos comprobables) y el subjetivo (lo que la gente siente: protección o temor). No tienen por qué moverse juntos; los delitos pueden bajar mientras el miedo sube.

Cuatro términos que el tribunal confunde a propósito: riesgo (probabilidad × gravedad del daño), amenaza (lo que puede causarlo), vulnerabilidad (lo expuesto que se está) y protección (las medidas para evitarlo o limitarlo).

Enfoques: ciudadana (convivencia y delito), nacional (soberanía, orden constitucional, intereses estratégicos) y humana (la persona como eje, con siete tipos de amenaza: económicas, alimentarias, sanitarias, ambientales, personales, comunitarias y políticas). La humana es un enfoque, no un sinónimo jurídico de seguridad pública.

Toda política de seguridad bien diseñada encadena prevenir, proteger, responder y recuperar.

La individual se refiere a cada persona (vida, integridad, libertad, patrimonio, intimidad, derechos) y la ampara tanto frente a delincuentes como frente a abusos del propio poder.

La colectiva tutela lo común: la convivencia, las instituciones, los intereses de la comunidad y el funcionamiento de los servicios esenciales.

No compiten entre sí. Lo colectivo está al servicio de las personas y debe ajustarse a legalidad, necesidad, proporcionalidad y control; los derechos de cada uno son el límite de la acción pública aunque el objetivo sea colectivo.

La pública es tarea de los poderes públicos y, en España, competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de las funciones de comunidades autónomas y entidades locales.

La privada la prestan particulares habilitados, bajo un régimen administrativo completo: se regula, se autoriza, se inspecciona y se controla.

Es complementaria y subordinada: coopera con las FCS, pero ni las sustituye ni convierte, por regla general, a vigilantes y escoltas en agentes de la autoridad.

La inseguridad también tiene dos caras: objetiva (victimizaciones y riesgos comprobables) y subjetiva (temor o preocupación).

No son sinónimos: miedo al delito (emoción), riesgo percibido (cálculo de probabilidad) y preocupación (juicio general sobre un problema social).

Cifra oscura o negra: todo lo que nunca llega a las autoridades o no aparece en estadísticas. Consecuencia: lo registrado ≠ lo real.

Cada fuente mide una fase: policía (hechos conocidos), juzgados y fiscalía (asuntos tramitados), prisiones (población sometida a medidas), sanidad (daños atendidos). Las encuestas de victimización preguntan lo sufrido (se denunciara o no) y los autoinformes, lo cometido.

El miedo crece con la victimización directa o indirecta, la vulnerabilidad, el desorden del entorno o la exposición mediática, y se reduce con la confianza en instituciones y vecinos. Paradoja del miedo: colectivos con menos victimización registrada pueden temer más.

Para el Derecho, delincuencia son las conductas tipificadas como delito y los fenómenos asociados en un tiempo y lugar; la criminología amplía la mirada a autores, víctimas, control social y contextos.

Delito lo fija la ley; desviación es romper normas sociales. Ni toda desviación es delito ni todo delito provoca gran rechazo social.

La criminología es empírica e interdisciplinar y la explicación actual es multifactorial: no existe una causa única.

Clásicos (Beccaria, Bentham): el ser humano es libre y racional y elige delinquir sopesando placer y castigo. De ahí los principios de legalidad, proporcionalidad, humanidad y utilidad preventiva; lo que disuade es una sanción cierta, rápida y proporcionada, más que dura.

Elección racional: el infractor calcula, pero con información limitada (beneficio, coste, esfuerzo, riesgo).

Positivistas (s. XIX) cambian el foco del acto al autor: Lombroso (biología, hoy descartada), Ferri (factores sociales), Garofalo (psicológicos y morales).

Hoy, biología y psicología se estudian siempre en interacción con el ambiente: ningún rasgo condena a delinquir y padecer un trastorno mental no hace a nadie delincuente.

Desorganización social (Shaw y McKay, Escuela de Chicago): explica por qué ciertas zonas concentran más delitos (pobreza concentrada, movilidad, heterogeneidad, control vecinal débil), no que sus vecinos sean propensos.

Anomia: para Durkheim, falta de normas en épocas de cambio (el delito es «normal» porque existe en toda sociedad); para Merton, choque entre metas culturales y medios lícitos, con cinco respuestas: conformidad, innovación, ritualismo, retraimiento y rebelión.

Aprendizaje: Sutherland (asociación diferencial: se aprende en el círculo cercano; frecuencia, duración, prioridad e intensidad) y Akers (añade imitación y refuerzo).

Control: Hirschi se pregunta qué frena a la mayoría; su vínculo social tiene cuatro piezas: apego, compromiso, participación y creencias. Con Gottfredson formula después la teoría general (bajo autocontrol + oportunidad).

Etiquetamiento (Becker, Lemert): mira la reacción social; la etiqueta puede convertir una desviación primaria en secundaria.

Subculturas: Albert Cohen (frustración de estatus); Cloward y Ohlin (oportunidades ilegítimas; subculturas criminal, conflictiva y retraída). Sykes y Matza: técnicas de neutralización con las que el autor se autojustifica.

Además: perspectivas críticas y feministas, y criminología del curso vital (Moffitt: trayectoria adolescente frente a persistente; Sampson y Laub: el empleo y la pareja favorecen el desistimiento).

Actividades rutinarias (Cohen y Felson): para un delito predatorio hacen falta, a la vez, alguien motivado, un objetivo apetecible y nadie (ni nada) capaz de protegerlo.

Prevención situacional: hacer el delito más costoso y arriesgado, menos rentable y menos provocado, y quitar excusas.

Ventanas rotas (Wilson y Kelling) y policía orientada a problemas (Goldstein), que trabaja con el ciclo SARA: exploración, análisis, respuesta y evaluación.

Niveles: primaria (todo el mundo, antes del problema), secundaria (lo que ya presenta riesgo), terciaria (después del hecho, contra la reincidencia y la revictimización). La vía penal previene mediante disuasión, incapacitación, rehabilitación y reinserción.

El delito se concentra en puntos calientes muy localizados; el patrón delictivo estudia los recorridos habituales; el diseño ambiental (CPTED) usa vigilancia natural, control de accesos, territorialidad, mantenimiento y uso legítimo. Una intervención puede desplazar el delito o, al contrario, difundir beneficios a zonas vecinas.

Según el bien afectado: violenta, patrimonial, económica, sexual, vial, ambiental, contra la salud pública, contra la Administración o de odio.

Según la organización: individual, grupal u organizada; esta última exige estructura estable con fines delictivos, no basta con ser varios.

Según el contexto: común, juvenil, profesional, de cuello blanco o corporativa, ocasional o habitual, urbana o rural, digital o transnacional. El concepto de cuello blanco se debe a Sutherland.

Ciberdelitos: unos atacan sistemas o datos y otros los usan como herramienta. La clasificación estadística de la ONU ordena por conductas para poder comparar países.

Art. 1: la seguridad ciudadana es requisito indispensable para el pleno ejercicio de derechos y libertades; es un bien jurídico colectivo y su salvaguarda corresponde al Estado.

Art. 3: nueve fines (letras a-i). Ojo a la e): protección de personas y bienes con atención especial a menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección; y a la i): transparencia.

Art. 4: siete principios (legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad); interpretación pro derechos de los capítulos III y V; remisión al art. 5 de la LO 2/1986; y la intervención solo se justifica ante una amenaza concreta o un comportamiento objetivamente peligroso.

Art. 1: las actividades de seguridad privada son complementarias y subordinadas a la pública, y la ley fija el marco de coordinación con las FCS.

Art. 2: distingue actividades (ámbitos), servicios (acciones), funciones (facultades del personal), medidas (disposiciones), prestadores (empresas, despachos y personal habilitado) y personal acreditado (profesores, ingenieros, técnicos y operadores).

Art. 4: tres fines (atender necesidades legítimas de los usuarios, contribuir a la seguridad pública y complementar el monopolio estatal de la seguridad).

Art. 5: ocho actividades, a) a h). De la a) a la g) solo empresas de seguridad; la h), investigación privada, en exclusiva para despachos de detectives. Las centrales de alarmas de uso propio requieren autorización y no pueden dar servicio a terceros.

Tipos de victimización: primaria (la causa el delito), secundaria (la causa una mala respuesta institucional o social), terciaria (efectos prolongados) y repetida (reiteración sobre la misma persona, bien o lugar).

Conceptos de cierre: resiliencia, sociedad del riesgo (Ulrich Beck), securitización, ciberseguridad (confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad) y amenazas híbridas.

Medir bien: las herramientas de riesgo dan probabilidades, no certezas; se distingue evaluar el proceso (ejecución) y los resultados (cambios); coincidencia no es causa; y hay que valorar eficacia, eficiencia, equidad, legitimidad y derechos.